Imagen de las instalaciones de À Punt en Burjassot. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. PSPV, Compromís y Podem registraron este jueves más de 150 enmiendas conjuntas al proyecto de ley de Presupuestos de 2021 tras semanas de negociaciones. Una de las más relevantes, como suele ser habitual por los desencuentros que genera, es la relativa al aumento de financiación de À Punt, a la que dan dos millones de euros más.
La cantidad la detraen de la sección 20, en muchas ocasiones usada como cajón de sastre para este tipo de bailes de dinero. El ente contará de esta manera con un total de 56 millones de euros para el próximo año en el capítulo de ingresos de explotación.
El aumento del dinero destinado a la radiotelevisión valenciana está siendo especialmente peleado por Compromís. Fuentes parlamentarias señalan que las modificaciones más significativas recogidas en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos -la elección del presidente sin necesidad de la oposición, que la publicidad institucional forme parte de los ingresos y que se deje sin efecto la cláusula del tercio de personal- se pactaron junto a este incremento de presupuesto que se introduce vía enmienda.
Pero los socialistas no andaban nada convencidos con el asunto puesto que Compromís quería que se incrementara en cinco millones la financiación de À Punt. Las mismas fuentes admiten que han hecho falta varias reuniones para llegar a un acuerdo, el de los dos millones más, que se cerró este mismo jueves a última hora entre tensiones.
La voluntad de aumentar el dinero no queda ahí. Desde Compromís subrayan que existe una previsión de que sus consellerias firmen convenios directamente con la cadena al estilo del de Turismo, que el año pasado cerró uno de 600.000 euros y otorgó una ayuda de 300.000 para promoción, inyectando en total casi un millón adicional. Al parecer, tanto el departamento de Economía como el de Educación tienen pensado algo similar.
La cuestión es qué supone todo esto, más allá del propio desembolso por parte de las arcas públicas. Y la dirección apunta hacia el conflicto con el tercio de personal. La ley de À Punt cuenta con una cláusula que le impide destinar más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal. La moratoria que permite incumplirlo estará en vigor el año que viene y el tiempo que dure el nuevo contrato programa, hasta 2023.
Pero Compromís quiere aliviar esa presión con un aumento de presupuesto como pide reiteradamente la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Ésta tendrá el próximo año 66 millones de euros, de los cuales 56,1 corresponden a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), la entidad que gestiona la radiotelevisión y donde se inscribe el grueso de la plantilla. Con los cinco millones de aumento que pedía la coalición, se llegaba a los 71. Una cifra mucho más cercana a los 72,6 millones con los que ya serían legales los 24,2 millones que destinan a personal.
Dado que no se llegará a ese incremento, la solución parece que pasa por hacer lo posible desde el Consell con los mencionados convenios. Cabe recordar, en este sentido, que una de las novedades introducidas en la ley de Acompañamiento fue que la publicidad institucional forme parte de los ingresos, lo que también facilita las cosas.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.
