Mónica Oltra, Ximo Puig y Antonio Estañ. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. El pasado mes de marzo, Podem registró una Proposición de Ley para obligar a las entidades financieras a que informasen a sus consumidores –aquellos a los que se les hubiera concedido un crédito hipotecario u otro tipo de créditos– si esta prestación había pasado a ser gestionada por un tercero –fondo de inversión–. Una ley prioritaria para el partido morado que quedó incluida en el acuerdo presupuestario que la formación que dirige Antonio Estañ firmó con el Consell el pasado mes de octubre.
La propuesta presentada por el diputado Antonio Montiel ha estado debatiéndose durante meses entre los grupos parlamentarios del Botànic que, tras la fase de comparecencias, decidieron hacer un cambio significativo: no crear una norma específica para esta cuestión, sino que ésta pasara a formar parte del ya existente Estatuto del Consumidor –que pasará a llamarse "Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias" para que sea inclusivo–. Por una parte, "sería una ley más completa" –aseguran fuentes de Podem– y, por otra, el procedimiento sería más ágil y garantizaría que pudiera aprobarse antes de que termine la legislatura. Quedan seis plenos para que se disuelvan Les Corts y todavía 13 leyes por sacar delante de la quincena prevista.
Así, parte del cuerpo del Estatuto del Consumidor se dedicará específicamente a las hipotecas y a la protección del hipotecado contra las cláusulas abusivas, además del derecho a la información de los clientes. Datos que los bancos deberán hacer por escrito en el momento en que se produzca en un plazo máximo de cinco días hábiles. De lo contrario, la entidad incurriría en una infracción grave, y si la falta impide que el afectado se pueda defender en un proceso de ejecución hipotecaria, la infracción pasará a ser muy grave.
La conselleria competente en materia de Vivienda deberá publicar, además, en su web anualmente lo que se considera como cláusulas abusivas "como consecuencia de su verificación en el mercado".
Con esto, señalan fuentes parlamentarias, podrían paralizarse -o al menos ralentizarse- los desahucios, ya que si los bancos ya no son los propietarios de las hipotecas, no podrían ejecutar el desalojo. Ahora bien, este sí podría ser demandado por el fondo de inversión, en cuyo caso la ejecución podría realizarse igualmente.
Garantizar el derecho a una vivienda digna ha sido una de las prioridades de Podemos desde que nació la formación. De hecho, en octubre de 2014 la Asamblea de la formación morada aprobó una resolución 'Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera'.
De momento, en Les Corts existe consenso entre las tres fuerzas que sustentan el Botànic para sacar adelante este cambio normativo que apenas tendría que superar dos fases para salir adelante: votación de enmiendas en comisión y posteriormente, en un pleno de la cámara valenciana.
El consenso entre los partidos, conviene señalar, no estaba asegurado si se analizaba lo sucedido en otras comunidades autónomas. En mayo de 2017 se rechazó en Andalucía una proposición de ley en este sentido porque solo obtuvo los votos favorables de Podemos (proponente) e IU. PSOE, Ciudadanos y PP se abstuvieron.
Apenas nueve meses después, sin embargo, en febrero de 2018 se aprobó en Extremadura una reforma del Estatuto de los Consumidores en materia de titulizaciones hipotecarias que contó con el voto a favor de Podemos, PSOE y Ciudadanos. De la misma manera que el pasado mes de mayo, se aprobó en Aragón una Proposición No de Ley con el apoyo de Podemos, Ciudadanos y el Partido Aragonés (PAR), aunque más adelante no se llegara a desarrollar ninguna regulación.
