Manolo Mata (PSPV), Pilar Lima (UP) y Fran Ferri (Compromís). Foto: VPVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- aprobaron este jueves en el pleno de Les Corts una iniciativa de la coalición que lidera Fran Ferri en la que instan al Gobierno de España a efectuar los cambios normativos necesarios para eliminar la famosa tasa de reposición.
Una medida que limita el porcentaje máximo de lugares de trabajo que se pueden convocar en las ofertas públicas de empleo y que condiciona el número a la cantidad de personas que se jubilan anualmente. En definitiva, una circunstancia complica la convocatoria de oposiciones por parte de la Generalitat, que actualmente cuenta con más de un 33% de interinos en plantilla precisamente por este motivo.
Por poner un ejemplo, la Conselleria de Justicia calculó que para la OPE de 2020 harían falta en torno a 2.000 puestos de trabajo, pero la tasa de reposición incluida en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 solo permitía convocar alrededor de 800 plazas. Por lo que, en consecuencia, el número de personas que se incorporan a la Administración valenciana es inferior a las que se jubilan.
Con estos mimbres, Compromís registró una iniciativa para que Les Corts instaran al Consell a dirigirse al Gobierno central para reclamar "las modificaciones normativas necesarias para eliminar las tasas de reposición", así como para poner en marcha un plan de choque "para la recuperación del personal perdido en los últimos años a causa de las limitaciones de la tasa de reposición y otras limitaciones presupuestarias a través de convocatorias de ofertas de empleo público.
Una propuesta que este jueves respaldaron PSPV y Unides Podem, sus socios en el Ejecutivo valenciano, pero que contó con el rechazo de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos. Pese a todo, la proposición no de ley salió adelante por la mayoría con la que cuenta el tripartito.
Conviene recordar que precisamente la semana pasada el president de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para reclamarle la eliminación de la tasa de reposición. Un encuentro tras el cual el jefe del Consell confió en que se resolvería aproximadamente en tres años, según los plazos que le trasladó el propio Iceta.
Un margen que no es baladí. No en vano, hacía pocos días que el ministro había anunciado en el Senado su intención de reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.
Una obligación que en el Consell daban por hecho que no podrían cumplir, dado que en la Generalitat trabajan actualmente 24.868 interinos, según el último informe de fiscalización de gastos de personal de la Administración de valenciana de diciembre de 2019. Una cifra que representa casi el 18% del total de la plantilla de la Generalitat -esto es, que sumando no solo a los funcionarios, sino también a los empleados estatutarios fijos, temporales y los laborales fijos y laborales-, pero que aumenta al 32% si el cálculo se realiza únicamente teniendo en cuenta al personal funcionario.
Con esta elevada temporalidad, lastrada por la tasa de reposición, en el Gobierno valenciano daban por hecho que no podrían asumir un cambio tan drástico en tres años si no se resuelve antes la barrera de la tasa.
