FOTO: Eduardo Parra - Europa PressMURCIA (EP). El Congreso ha aprobado este martes la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que pasa ahora al Senado para completar su tramitación, con el voto en contra del PP y Vox.
Así, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena para completar la aprobación de la ley, han respaldado el proyecto las formaciones que apoyan al Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Esquerra Republicana ha decidido abstenerse.
Sin embargo, en la última ronda de votaciones antes de su aprobación, la oposición ha derrotado este martes en el Congreso de los Diputados al Gobierno y ha congelado la subida de facto prevista para este año en el impuesto de matriculación.
No ha sido la única votación que ha perdido el Gobierno, ya que la oposición, en este caso con el voto de Unidas Podemos, ha logrado introducir en esta ley una enmienda de ERC que encomienda al Gobierno encargar a expertos independientes un análisis y evaluación de la economía sumergida, el fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.
La enmienda sobre el Impuesto sobre Matriculación ha sido aceptada con votos del PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PDeCAT y el PRC. El PSOE y Unidas Podemos han votado en contra y el PNV se ha abstenido.
La propuesta incluida finalmente modifica los tramos de aplicación de este impuesto para revertir lo ocurrido el pasado 1 de enero, cuando se incrementó el precio medio de los vehículos nuevos como consecuencia de la nueva legislación ambiental, de modo que cada vehículo tenga exactamente la misma carga fiscal que en 2020, pese a la nueva medición de emisiones de dióxido de carbono (CO2) con el nuevo procedimiento WLTP.
La entrada en vigor de este nuevo procedimiento, según recogía el PDeCAT en su enmienda, suponía un aumento en el valor de emisiones oficial, ya que el procedimiento WLTP es aproximadamente un 20% superior al anterior mecanismo, y suponía la pérdida de bonificaciones para muchos modelos en el impuesto de matriculación.
Por otro lado, la oposición también ha logrado derrotar al Gobierno, en este caso con ayuda de Unidas Podemos, para aceptar una enmienda de ERC que encomienda al Gobierno encargar a expertos independientes un análisis y evaluación de la economía sumergida, el fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.
Este informe, según recoge la enmienda, deberá ser presentado y debatido por las Cortes Generales, para promover medidas correctores oportunas como modificaciones organizativas, recursos humanos o materiales para conseguir la reducción del fraude y la economía sumergida, con la fiscalización de sus resultados periódicamente por las Cortes.
Esta enmienda ha salido adelante con votos del PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, y el PDeCAT, mientras que el PSOE, el PNV y el PRC han votado en contra y Ciudadanos ha optado por abstenerse.
Entre otras medidas, la nueva ley prohíbe el llamado 'software de doble uso' para evitar la manipulación por parte de grandes empresas con doble contabilidad, obliga a contar con herramientas de trazabilidad, se incluyen medidas de control de criptomonedas, y se limitan los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales y empresarios.
En su tramitación parlamentaria se han introducido también modificaciones para amparar las inspecciones sorpresa de Hacienda, cuestionadas por el Tribunal Supremo, endurecer la fiscalidad de las socimis y también los requisitos para poder tributar al mínimo en una sicav. En todo caso, se impulsa un régimen transitorio exento de impuestos para sociedades que se disuelvan como consecuencia de ello.
Durante el debate de la iniciativa, varios grupos han lamentado la insuficiencia de los cambios recogidos en la norma, así como la actitud del Ministerio de Hacienda a la hora de negociar cambios.
Concretamente, más allá de sus enmiendas, el PSOE ha aceptado cambios propuestos por PP, Cs y PDeCAT para rebajar la responsabilidad de los trabajadores de aduanas en el proyecto y un cambio puntual en el Impuesto sobre Patrimonio propuesto por el PP.
No ha sido la única vez que Unidas Podemos se ha desmarcado de su socio de Gobierno, ya que el grupo confederal ha apoyado al menos otras cuarto veces enmiendas de Esquerra Republicana, que no han sido incluidas en la nueva ley al ser rechazadas, por PP y Vox además del PSOE.
Estas enmiendas iban dirigidas a aumentar la plantilla en la Agencia Tributaria, crear dentro de esta un cuerpo superior de técnicos de Hacienda para mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude, aligerar los criterios para entrar en la lista de morosos publicada por Hacienda e incluir a Andorra en la lista de paraísos fiscales.
Unidas Podemos ya había hecho público su intención de promover estos cambios en la nueva ley antifraude, a la cual no llegó a presentar enmiendas ni firmar las presentadas por el PSOE --pese a haber llegado a acordar algunas con su socio-- en protesta por el rechazo de Hacienda a valorar varias de sus aportaciones.
