Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios del Botànic tienen trabajo con la nueva Ley de Transparencia si quieren corregir los defectos con los que el Consejo de Transparencia se ha topado en los últimos cinco años. Al menos, estas fueron las conclusiones que trasladaron dos de los vocales del citado órgano a las formaciones con representación en Les Corts en la comisión de Coordinación en la que se estudia el nuevo texto legal.
Tanto Emilia Bolinches, que en su día fue propuesta por el PSPV para que formara parte del Consejo, como el vocal Carlos Flores Juberías, que lo es a instancias del PP, hicieron prácticamente una enmienda a la totalidad del contenido de la futura ley de Transparencia. Ambos coincidieron en que el nuevo redactado no resuelve ninguna de las trabas con las que se han encontrado a lo largo de la puesta en marcha de este organismo.
Así, Bolinches criticó que el nuevo diseño del Consejo de Transparencia que plantea la nueva ley será "más caro y más ineficaz". Una reflexión motivada porque la proposición de ley contempla que el nuevo Consejo esté integrado por tres miembros, y no por cinco como en la actualidad, pero propone que estos tengan dedicación exclusiva y rango de director general. Es decir, que cada miembro del órgano cobre en torno a 58.000 euros anuales.
En la actualidad, sin embargo, los consejeros cobran dietas y no tienen dedicación exclusiva: su presidente percibe 600 euros por cada reunión que mantienen, mientras el resto -cuatro miembros más- cobran 500 euros. Unas cuantías que fueron aumentadas el pasado mes de febrero.
"Tal como está diseñada ahora mismo, que contempla 3 miembros con dedicación exclusiva, resultará cara e ineficaz. En cambio con un único miembro de la comisión y una oficina técnica potente se podrían atender las reclamaciones de la ciudadanía con eficacia y en un tiempo razonable", explicó Bolinches en su comparecencia para más tarde instar a que los grupos estudien "las estructuras de consejos de otras autonomías como la andaluza, la catalana o la gallega".
Con todo, para la consejera la solución es crear una Oficina técnica de apoyo "potente" formada por un equipo de letrados que se encargue de analizar las quejas que lleguen al Consejo y que sea esta la que traslade a un único comisionado la propuesta de resolución del expediente. Un cambio de funcionamiento que, a su juicio, permitiría agilizar las resoluciones.
"Dicen que es la justicia lenta no es justicia, y el consell de transparencia es lentísimo por falta de medios que tiene. Después de cinco años aún está lejos de emitir en 3 meses sus resoluciones. Nosotros, sin Oficina, tenemos delegadas 15 funciones y debemos controlar la actividad de más de 500 instituciones públicas, ayuntamientos de 542 municipios y sumar todo el sector público de la Generalitat, universidades y entidades de derechos públicos...", expuso para demostrar la carga de trabajo que asumen los consejeros que no tienen el apoyo de la citada Oficina que contempla la ley pero que actualmente aún no se ha constituido tras cinco años.
Bolinches también criticó que la nueva ley mantenga la estructura orgánica actual por la que el Consejo de Transparencia, órgano que se supone que debe ser independiente y controlar a las administraciones públicas, depende orgánicamente de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo a la que también tienen que fiscalizar. "La ciudadanía no entiende esa dependencia; espero que lo enmienden y doten de una independencia real, no solo funcional".
En este sentido, Juberías secundó la misma tesis y advirtió que la nueva ley "debilita" al Consejo porque le arrebata de las competencias en materia de buen gobierno, pero también le obliga con esta dependencia orgánica a seguir pidiendo permiso a la propia Conselleria de Transparencia para "hacer unas fotocopias, comprar una grapadora o pagar unas dietas de un viaje para asistir a un congreso de transparencia, como ha sucedido ya".
Asimismo, la vocal del Consejo a propuesta del PSPV también coincidió en su comparecencia con la crítica que hizo el presidente del organismo, Ricardo García Macho, hace unos meses en una entrevista en este diario: que la ausencia de potestad sancionadora deriva en que muchas de las instituciones a las que se les amonesta no hagan ni caso de las resoluciones que adopta el Consejo.
"Ahora mismo solo podemos instar a la administración infractora a corregir las malas actuaciones e iniciar, si lo consideran conveniente, la incoacción de un expediente sancionador... ¿Cree alguien que la propia institución que comete esas faltas va a iniciar la inciacción de un expediente disciplinario o sancionador contra sí misma? No. Se aportan excusas para no hacerlo o se guarda un silencio sepulcral", concluyó.
"Seguimos en el absurdo de que cuando un alcalde incumple la ley de transparencia, el competente para sancionarle es el pleno del ayuntamiento que le ha elegido. ¿Cuál es el resultado? Cero sanciones en todos estos años", añadió Juberías.
Por otra parte, la vocal a propuesta del PSPV lanzó una propuesta a los grupos del Botànic: "La ley contempla que se pueda reelegir a miembros del Consejo, y les invito a que se evite esa reelección, porque debemos acostumbrarnos a que no se eternicen en los puestos, sino al contrario, que entre gente nueva en ellos".
Juberías, además de secundar toda la exposición de Bolinches, cuestionó que el Botànic haya hecho de copia-pega de la ley anterior en algunos apartados de la normativa. De hecho, citó varios errores de traducción entre el valenciano y el castellano.
