El Consell Rector continúa con el proceso que podría provocar la destitución de Empar Marco

VALÈNCIA.- El proceso para sustituir a Empar Marco como directora general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) sigue adelante, aunque la reunión del Consejo Rector de este viernes apenas aportó novedades. Pese a que el tema no estaba en el orden del día, el órgano de control decidió seguir adelante con el proceso de evaluación de la directora general, cuyo resultado se conocerá a mediados de junio. Como adelantó este viernes Castellón Plaza, el proceso se desarrollará en dos partes: una externa (para evaluar el clima laboral), cuya contratación debería cerrarse la semana que viene. La otra es la que llevarán a cabo los propios consejeros. Si el balance es negativo —y la valoración de Marco no atraviesa precisamente por su mejor momento— y el dictamen final es aprobado por dos tercios de los consejeros, tendrá que dejar su cargo.

En estos momentos la directora general se enfrenta a un doble proceso de evaluación. El primero, tal y como se acordó el pasado 30 de abril, implica al Consejo Rector y a la Generalitat. Se trata de una Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Contrato Programa. Además del contenido —que no solo afecta a la gestión de Marco—, poner en marcha ahora esta comisión, con más de un año de retraso, es una muestra de cómo Presidencia está presionando para deshacerse de ella y buscar un sustituto. El segundo, es la evaluación del Consejo Rector, que se centra única y exclusivamente en la labor en el ente de la excorresponsal de TV3 en la Comunitat Valenciana.

Curiosamente, el clima del Consell Rector de este viernes fue bastante tranquilo. Pese a que distintos medios se han hecho eco de la presión a la que está sometida Marco y el descontento de Presidencia con su gestión, el asunto no se trató. No hubo ningún intento de desmentir la información, ni de mostrarle algún tipo de apoyo. Una dato más que indica que sus días en el cargo podrían estar contados.

Contratos polémicos

Por otra parte, El consejo rector sí defendió su labor ante la decisión de una jueza de Paterna de citar a declarar como querellados al presidente de la corporación, Enrique Soriano, y a la directora general de À Punt, Empar Marco, por una querella por prevaricación interpuesta por el PP. Desde la entidad han asegurado que el contrato para la serie La Tramuntana (que acabó llamándose La Vall), origen de la polémica, no incumple la legislación; que los diez contratos menores cuestionados por ese partido están dentro de los límites legales, y los de los directivos cuentan con autorización de Hacienda y el Consell Rector.

Los hechos se refieren a la citación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna ante la querella presentada por el PP por prevaricación en la adjudicación de un contrato por 1,3 millones a una empresa para la producción de la citada serie. Además, deberán declarar sobre  varios contratos menores suscritos entre 2017 y 2018 con diez personas físicas y de tres directivos sin cumplir los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Ambos declararán el 20 de junio.

Según una nota de la CVMC, La Tramuntana, fue uno de los proyectos seleccionados "por unanimidad" por el Alt Consell Consultiu de l'Audiovisual, con una consulta preliminar de mercado previa convocada por la Presidencia de la Generalitat antes de que À Punt estuviera en funcionamiento. El Consell Rector de la CVMC autorizó la contratación, también por unanimidad, de los miembros presentes en la reunión y el contrato fue firmado por el presidente de la corporación.

En esta línea, precisa que el contrato de La Tramuntana, de la productora Mediterráneo Media Entertainment, y todos los elegidos por el Alt Consell Consultiu se redactaron con el asesoramiento de una empresa externa con sede en Madrid "siguiendo exactamente el mismo procedimiento y sin cometer ninguna infracción legal".

El contrato, insisten, "no incumple la legislación de contratos del sector público, puesto que se trata de una propiedad incorpórea y, por lo tanto, se encuentra dentro de los contratos y negocios excluidos por la misma legislación".  En cuanto a los contratos menores, apuntan que se encuentran "dentro de los límites legales" y se realizaron "a propuesta del técnico responsable. Además, se encuentran publicados en la web de la CVMC en el apartado de 'Transparencia', mientras que los contratos a los directivos de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) se subscribieron con la "autorización de la Conselleria de Hacienda y del Consell Rector".

En esta línea, añaden que las consideraciones a las que se refiere la querella "son consecuencia del informe emitido por la Sindicatura de Cuentas de 2017, que no advirtió de ninguna actuación de la CVMC ni de la SAMC que pueda apoyar a la querella presentada por Jorge Bellver, diputado del Partido Popular en Les Corts".

La derecha puede bloquear la renovación

Por último, se procedió a sortear el nombre de los miembros del Consejo Rector que deberán dejar el cargo en los próximos seis meses y los afortunados fueron Mar Iglesias (nombrada por Compromís), Vicente Cutanda (PP), Rafael Xambó (Compromís) y Marc Pallarés (PSPV). En total, el organismo cuenta con diez representantes pero en estos momentos están vacantes los que deben designar los trabajadores y el Consejo Ciudadano.

La ley de creación establece que el Consejo Rector se tiene que renovar parcialmente cada tres años. Es la primera vez que se procede, y afecta a dos miembros nombrados por el Consejo del Audiovisual y uno de los tres designados por Les Corts. En todo caso, podrían volver a ser nombrados para ocupar el cargo.

Todos seguirán ejerciendo hasta que Les Corts designe a sus sustitutos, por una mayoría de dos tercios (66 votos) o de tres quintos (60) en segunda votación. Dado que el Botànic cuenta con 52 escaños, el proceso necesita del (improbable) apoyo de PP, Ciudadanos o Vox, que tendrán capacidad para retrasar el proceso sine die.