El conseller de Obras Pública, Política Territorial y Movilidad, Arcadi EspañaVALÈNCIA. La Conselleria de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad mueve ficha para hacer cumplir el decreto ley que regula este servicio en la Comunitat Valenciana, una norma que plataformas como Cabify se están saltando, especialmente la obligación de contratar los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos, que precisamente fue la principal queja del sector de los VTC. Así, este departamento ya ha abierto 38 expedientes sancionadores a empresas y ha denegado 300 licencias por incumplir con la norma valenciana.
El propio responsable de este departamento de la administración autonómica, Arcadi España, reconocía, ante los micros de Plaza Radio, que hay empresas que están incumpliendo algunos de los preceptos que regula la norma valenciana. "Sabemos lo que está pasando, hay situaciones que no nos gustan, tenemos que incrementar los controles, dentro del margen de nuestras posibilidades que son pocas", señaló España.
Una situación que también han denunciado desde el sector del taxi. "Si abres la aplicación de Cabify tienes un vehículo en siete u ocho minutos", denunciaba Fernando Del Molino, presidente de la Federación del Taxi Valencia en declaraciones a Valencia Plaza. Un incumplimiento que, pese a burlar un decreto del Consell, no cuenta con "una vigilancia para controlarlo", aseguraba. Pero, además, Del Molino, reprochaba a la administración valenciana que tampoco estuviera adoptando medidas para evitar que estas empresas se salten la prohibición de circular por las vías públicas en busca de clientela ni la de no usar la geolocalización, que permite a las personas usuarias ubicar con carácter previo la localización de estos servicios. "En sus webs detallan dónde está cada vehículo. Además, estamos hartos de ver cómo están estacionados en zonas de influencia como son estaciones o discotecas para captar clientes", criticaba.
Fue el pasado once de febrero cuando Les Corts convalidaban el decreto ley del Consell que regula este servicio, aunque para el tema de la precontratación se fijó una moratoria de dos meses. Una decisión que permitía a la Generalitat tranquilidad en las campañas electorales que tenía por delante al evitar cualquier tipo de movilizaciones de taxistas y empleados de VTC. Y es que la contratación con 15 minutos de antelación ha sido la principal queja de las empresas de VTC que consideraban que esta regulación iba a suponer "su desaparición" en la Comunitat Valenciana. De hecho, la plataforma Uber decidía adiós a València considerando "injusta" y "una restricción incompatible con la inmediatez" de su servicio la norma valenciana, mientras que Cabify consiguió sortearla aplicando la precontratación solo en la primera reserva.
Unas infracciones que, según explican desde Conselleria, intentan evitar "controlando y sancionando infracciones que cometen los VTC como estacionar en lugares prohibidos, captar clientes circulando o no llevar hoja de ruta". Asimismo, y piden al Ministerio de Fomento, encargado en materia de transporte, que haga cambios en el los cambios en el Registro de Comunicaciones de Vehículos con Conductor para precisamente controlar el correcto cumplimiento de la precontratación. Se trata de una herramienta que obliga a una VTC a comunicar que va a realizar un servicio. Sin embargo, señalan que actualmente ese registro se encuentra en un periodo de modificaciones para optimizar sus recursos, pero todavía no hay constancia de cuándo puede estar.
De este modo, las labores de inspección las llevan a cabo personal de la Conselleria y la propia Policía. Hasta el momento, el departamento que dirige Arcadi España ha iniciado 38 expedientes sancionadores a empresas VTC principalmente por carecer de título habilitante, realizar servicios fuera de la residencia de la autorización, captación o recogida de clientes que no hayan contratado el servicio previamente o carencia de hoja de ruta.
Además, ha denegado la concesión de unas 300 licencias. ¿Los motivos? Incumplimientos de los requisitos que exige la normativa actual como es la disponibilidad de vehículos o características de los mismos, explican desde la Conselleria de Movilidad.
De acuerdo con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), el importe de las sanciones va desde los 100 euros en los caso de que las infracciones sean leves hasta 4.001 euros si son muy graves superando incluso este montante en casos de reincidencia en la infracción.
