VALÈNCIA. El Pleno del Consell ha aprobado la creación de una sociedad mercantil para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y de servicios de confianza en las transacciones electrónicas, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
"Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU" es una sociedad mercantil del sector público instrumental con la que la Generalitat se dota, por primera vez, de una entidad capaz de operar y explotar de manera integral sus centros y redes de telecomunicaciones.
Prácticamente, todas las comunidades autónomas cuentan ya con una entidad de este tipo, dado que la legislación estatal establece que las Administraciones sólo pueden operar en el ámbito de las telecomunicaciones mediante una entidad pública con contabilidad separada que actúe como operador de telecomunicaciones.
Su explotación permitirá la recepción de ingresos significativos para realizar mejoras que le permitan abordar tanto los servicios que ofrecen a sus departamentos internos, como a futuros clientes externos. En particular, se prevé que la sociedad pueda acometer, a corto plazo, la renovación tecnológica y la ampliación de la red de difusión del múltiplex autonómico y la radio pública autonómica que utilizará la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals (CVMA).
Con la creación de esta sociedad, la Generalitat avanza, asimismo, en la racionalización del sector público, integrando en una única entidad funciones que estaban dispersas en distintos organismos. En particular, la sociedad asumirá los servicios que presta la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), que estaban delegados temporalmente en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Cabe destacar que, además de su carácter operativo, la nueva sociedad "Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació S.A.U." constituirá una de las principales herramientas de las políticas de telecomunicaciones del Consell.
Como operador y a precios públicos, podrá poner a disposición del resto de operadores infraestructuras públicas como las torres que son de su titularidad, para favorecer el despliegue de redes de banda ancha como las redes 5G, consideradas infraestructuras clave para la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación, impulsando el cambio de modelo económico hacia uno basado en la innovación y el conocimiento.