VALÈNCIA. Las modificaciones legales que los partidos del Botànic han hecho a lo largo de la legislatura pasada y la actual a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos son tantas que no resulta extraño que, a veces, se puedan olvidar de ellas. Una circunstancia que lleva a que incumplan algún que otro compromiso adquirido sin caer en la cuenta; o, en su defecto, venzan los plazos establecidos sin que el Consell haya hecho los deberes.
Algo así ha ocurrido con un decreto que debía elaborar el Gobierno valenciano después de que se incluyera en la ley de Medidas Fiscales de 2019 una enmienda a la ley de Participación Institucional a instancias de Podem, si bien la modificación legal fue pactada finalmente por el tripartito. Un encargo que el Ejecutivo de Ximo Puig tenía la obligación de realizar en el plazo de un año -es decir, antes de que terminara el presente ejercicio-, y que ni siquiera se ha iniciado.
En este punto, conviene recordar los antecedentes, el contenido y la discordia que sembró entre PSPV, Compromís y Podem la citada enmienda hace un año en la negociación de las cuentas de la Generalitat. El partido morado que entonces dirigía Antonio Estañ quiso cambiar el sistema de distribución de ayudas a los sindicatos. El diputado Antonio Montiel convirtió en su principal campo de batalla la enmienda que pedía que las subvenciones directas que reparte el Gobierno valenciano entre las organizaciones sindicales más representativas fueran accesibles también para las minoritarias.
La enmienda presentada a la Ley de Participación Institucional determinaba que esta distribución se hiciera teniendo en cuenta el número de delegados que tiene cada sindicato, y no atendiendo únicamente al criterio de "más representativo" que fija actualmente la norma de 1985 -reformada más tarde por el Partido Popular en 2015-. Eso sí, siempre y cuando las organizaciones sindicales que optaran a recibir estas subvenciones reunieran "una cifra mínima de 500 representantes elegidos en centros de trabajo de las tres provincias -Castellón, Valencia y Alicante-, siempre que ello suponga al menos el 1,5% del total de los representantes electos".
Un criterio que abría la puerta a sindicatos como USO, CSIF, Intersindical, Sindicato Independiente o CGT. En Podem, justificaban su iniciativa apelando a que aunque los sindicatos mayoritarios fuesen UGT-PV y CCOO-PV, en determinados ámbitos como por ejemplo el educativo o el sanitario, otras organizaciones sindicales tienen una representación superior.
A pesar de que los morados tenían los números para sacarla adelante -PP y Ciudadanos pretendían apoyarla-, prefirieron finalmente pactar un texto intermedio con PSPV y Compromís, aunque ello conllevara rebajar sus pretensiones. En la nueva propuesta se mantenía el requisito de que los sindicatos que optaran a recibir ayudas deberían tener representación en las tres provincias de la Comunidad Valenciana y ser de carácter intersectorial. Es decir, con presencia en varios sectores, como el educativo o el sanitario, para evitar que sindicatos empresariales pudieran 'entrar' en este reparto.
Ahora bien, el escrito incluía un compromiso a un año vista. "En el plazo máximo de un año, el Consell de la Generalitat deberá establecer mediante la norma que corresponda, la concreción de esa cifra mínima, el porcentaje sobre el total de representantes electos en la Comunitat Valenciana, así como la designación y cese de las personas representantes de las organizaciones sindicales que se realizará en conformidad con las propuestas formuladas por estas organizaciones a través de sus órganos de dirección competentes", rezaba la enmienda aprobada.
En definitiva, el Ejecutivo debía elaborar una nueva ley -desde los grupos parlamentarios del Botànic explicaban que debería tener formato de decreto- en la que quedara determinada la "representatividad" de cada organización sindical. Por lo que, todo aquel que quisiera aspirar a estas ayudas debía reunir las dos condiciones anteriores -representación en las tres provincias y carácter intersectorial-, además de cumplir con la cifra mínima de representantes que fijara el Consell en la nueva normativa. La enmienda fue firmada el 21 de noviembre de 2018, si bien al tratarse de la Ley de Acompañamiento no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2019. Con esto, el plazo para realizar este decreto terminaría el 1 de enero de 2020. Es decir, pasado mañana.
Desde el Gobierno valenciano aseguran que el compromiso debía haber sido ejecutado por la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent. En concreto, por un escalón ocupado por los socialistas: la dirección general de Trabajo en la que actualmente se encuentra Gustavo Gardey, y que en la legislatura pasada ocupó Cristina Moreno, actual subsecretaria de Hacienda.
Explican fuentes de este departamento que se inició "un procedimiento para encargar un Estudio sobre Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas al que se presentaron varias universidades, resultando ganador el departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universitat de València". Sin embargo, un año después está "pendiente de formalizar el contrato".
Una parálisis que justifican en el adelanto electoral, la posterior formación de Gobierno y el cambio de dirigentes en cada área, dado que Gardey accedió al cargo en julio de 2019. En privado, algunos miembros del Ejecutivo, incluso, admiten que la habían olvidado con tanto acontecimiento político. Maldita hemeroteca.
El texto inicial de los voxistas, que ahora se autoenmiendan, se basaba en el incremento del control sobre las cuentas, la retribución de los altos cargos o los convenios como condición para seguir recibiendo subvenciones
