CASTELLÓ. La última medida de la Conselleria de Sanidad para prevenir y atajar la propagación de la covid-19 se dirige al sector agrícola. Desde este martes, particulares y titulares de explotaciones agrícolas tendrán que facilitar una serie de datos personales de las personas contratadas como herramienta de trazabilidad por si en algún momento se diera un positivo.
La medida, a propuesta de la directora general de Salud Pública y el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca engloba tanto a las personas contratadas con carácter temporal, como a las consolidadas.
La medida llega a pocas semanas del inicio de la campaña citrícola y obliga a los dueños de los huertos a recoger los datos de los collidors que deben recolectar las naranjas y mandarinas. También los propietarios de viñedos, a punto de iniciar la vendimia, se verán afectados, tal y como han denunciado las organizaciones agrarias AVA-Asaja y La Unió de Llauradors.
De esta manera, los titulares de las explotaciones tendrán que entregar en el momento de la contratación a cada persona empleada, por un lado las medidas preventivas específicas para reducir el riesgo de contagio y por otro, hacerles saber que sus datos personales serán almacenados para que en el caso de un posible brote sean remitidos a las autoridades competentes para establecer la trazabilidad y facilitar el estudio de casos y contactos.
Además, el empresario o la persona delegada deberá recoger diariamente unas fichas en las que se indique el municipio, la explotación, el cultivo, el nombre del propietario, persona o entidad, forma de contacto, y las fechas previstas de inicio y fin de la campaña. También deberá ir acompañado de la relación diaria de las personas temporales agrarias que trabajan en la explotación, con su nombre, forma de contacto, DNI y lugar de alojamiento. Estas fichas deberán entregarse en la Unidad de Salud Laboral del Centro de Salud Pública correspondiente al municipio en el que se encuentre la explotación agraria principal. Ante un posible brote, estas fichas tendrán que entregarse dentro de las 24 horas desde que se lo solicite el centro de salud. Estos datos estarán a disposición de las autoridades municipales, autonómicas y estatales, al menos hasta un mes después de que finalice la campaña en cuestión.
El Consell, además de estas medidas, ha creado de forma específica una comisión técnica de seguimiento de las medidas y control de la covid-19 en el sector agrario. Esta comisión estará compuesta por una persona designada por la Dirección General de Salud Pública, otra por la Conselleria de Agricultura, otra por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e Instituto Valenciano de Seguridad y Salud (Invassat), un representante de cada diputación y la federación valenciana de municipios. También habrá una persona designada por cada una de las organizaciones agrarias, empresariales y sindicales y una última nombrada por los agentes sociales que atienden a personas migrantes.
Entre las funciones de esta comisión se encuentra el estudio de las necesidades y propuestas preventivas, aportar datos sobre las zonas de mayor afluencia de trabajadoras y trabajadores y coordinar a todos los trabajadores implicados.
Según los últimos datos que recoge el portal de estadísticas de la Generalitat Valenciana, correspondientes al segundo trimestre de 2020, hay registradas 54.876 personas afiliadas a la Seguridad Social en el sector agrícola.
