CASTELLÓ (EP). El Consell deberá hacer frente al pago de 4,8 millones de euros derivados de intereses de pagos aplazados "ilegales" del anterior gobierno del PP en la adjudicación de contratos en 2009 del TRAM de Castelló de la Plana, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de junio de 2019 que condena a esta fórmula de pago. Los 4,8 millones se incluirán en los nuevos presupuestos autonómicos de 2020.
Así lo ha anunciado el 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, en la sesión de control del pleno de Les Corts de este jueves, en respuesta a las críticas de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, por los "enchufes y recortes". "Un día hablaremos de quién ha estado más enchufado a lo largo de la historia" de la Comunitat, ha replicado Puig.
En concreto, según la Generalitat, la última resolución judicial contra el "pago aplazado" del anterior gobierno del PP fue emitida por el TSJCV el pasado 21 de junio, al estimar la reclamación de una empresa por valor de cerca de 4,8 millones en concepto de demoras en abonos de certificaciones de obra.
Se trataba de la ejecución del contrato de construcción de determinados tramos de la plataforma reservada al transporte público de la ciudad de Castelló, en las calles Columbretes-Camí Serradal del TRAM.
Esta licitación se puso en marcha en 2009 por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes del anterior Consell del PP, por valor de 28.976.444 euros (IVA incluido), en régimen de pago aplazado entre 2011 y 2016. Posteriormente --siempre según la actual administración-- fue adjudicada a la UTE formada por las empresas FCC y Becsa (antigua Lubasa) por 27.256.716 euros, hasta más de 30,7 millones con el IVA y los intereses de aplazamiento, por un plazo inicial previsto en año y medio desde marzo de 2010.
Finalmente, el coste para la Generalitat fue de "cerca de 40 millones de euros (IVA incluido)", una vez concluidas las obras en febrero de 2015 y aprobada tanto su liquidación como su certificación total "con excesos". Ese año, la adjudicataria reclamó los cerca de 4,8 millones en concepto de intereses de demora.
En 2019, el alto tribunal valenciano ha estimado el posterior recurso de la UTE, con lo que reconoce su derecho a que la Generalitat le abone los 4,8 millones de euros, más los intereses desde que inició el proceso judicial hasta el pago y los intereses legales, todo ello con condena en costas a la administración.
Por todo, desde el Consell de Puig denuncian que "la magnífica gestión del PP solo ha supuesto para el erario público diferir el pago de la mayor parte de una obra cuya ejecución se realizó en su práctica totalidad entre 2010 y 2016" y critican tener que hacerse cargo de "unos elevadísimos intereses de demora por la tardanza en el pago de las certificaciones de obra".
"Ahora toca al gobierno actual aprobar una ampliación extraordinaria de crédito para hacer frente al pago de la sentencia", lamentan desde la Generalitat, lo que ven como "más ruina en diferido para los valencianos".
De hecho, aseguran que los anteriores gobiernos del PP utilizaron "indiscriminadamente hasta 2009" el pago aplazado en las obras previstas en el Plan de Infraestructuras Estratégicas 2004-2010. Se trataba de "un sistema especial, fuera de cualquier previsión de la Ley de Contratos --entonces vigente, con el pago de intereses establecido a partir de 60 días de la entrega de certificaciones de obra--, que dejaba totalmente en manos de la Conselleria el cálculo de los intereses".
En este contexto, la Confederación Nacional de la Construcción interpuso en 2011 un recursos contra uno de estos procedimientos "especiales" de pago. Tres años después, el TSJCV anuló este sistema "ilegal" de fijación de intereses al estimar el recurso de la organización empresarial contra "la resolución tomada por la entonces consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig", subrayan desde la Generalitat.
A partir de entonces, las empresas contratistas que resultaron "afectadas" por este mecanismo iniciaron procedimientos para reclamar el pago de los intereses de demora ajustados a la Ley de Contratos. Como resultado, "el Gobierno valenciano ha tenido que hacer frente a grandes cantidades de fondos públicos", mientras otros están pendientes de pago hasta que se calculen.