Repetidor en el Mondúver. Foto: EFEVALÈNCIA. El Consell que preside Ximo Puig ha solicitado recientemente al Gobierno central de Pedro Sánchez una "reestructuración del mapa de licencias" de radio analógicas que tiene la Comunitat Valenciana, según confirman fuentes del Ejecutivo valenciano a este diario. Una petición realizada hace ya unas semanas por la Secretaría Autonómica de Comunicación que ahora, una vez se complete el trasvase de competencias de Presidencia de la Generalitat a la Conselleria de Hacienda cuando se modifique el decreto de estructura -el cual quedó bloqueado este jueves-, deberá retomar la Dirección General de las Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC).
La instancia realizada por el área de Comunicación de Presidencia va dirigida a ampliar el espectro radioeléctrico de la autonomía, ya que desde el Gobierno valenciano entienden que la Comunitat debería contar con más licencias de las que tiene ahora mismo. Por una parte, justifican que otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, con una población de aproximadamente 2 millones de personas, tiene más de 200 licencias, mientras que la valenciana con una densidad de población mayor -4,9 millones de habitantes- cuenta con aproximadamente la mitad: 113.
Un reparto que, entienden, se hizo en su día teniendo en cuenta la extensión territorial de cada comunidad autónoma y no el número de habitantes por kilómetro cuadrado; o lo que es lo mismo, sin que el criterio que primara para la distribución fuera el del número potencial de oyentes del territorio y no la extensión de la autonomía.
Con esta medida, el Gobierno valenciano calcula que tendría más opciones para poder resolver el conflicto existente con las frecuencias de radio analógicas. Una problemática atascada en los juzgados desde hace años y que mantiene 31 de estas licencias sin adjudicar desde 2007.
Hace 13 años el Consell de Francisco Camps convocó el concurso, pero éste fue declarado desierto cuatro años después, en 2011. Fue entonces cuando se convocó otro que estuvo a punto de adjudicarse, pero el Gobierno de Alberto Fabra dejó la resolución sin firmar en la mesa de la Secretaría Autonómica de Comunicación cuando perdió las elecciones en 2015. El Ejecutivo de Ximo Puig tampoco quiso firmarlo y en 2016, por razones de interés público, renunció al otorgamiento de las licencias convocadas. Esta decisión fue recurrida ante los tribunales por una de las empresas que se había presentado.
En mayo de 2018, la Generalitat convocó un nuevo concurso para adjudicar estas frecuencias pero a finales de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obligó a retrotraer las actuaciones al momento previo a la resolución impugnada. Un fallo que el Gobierno valenciano recurrió ante el Supremo: si éste termina ratificando el fallo, la Generalitat debería adjudicar el concurso de 2016; y si lo revoca, el Consell -en concreto, José Manuel García Duarte si se le transfieren estas competencias finalmente- podrá continuar con el de 2018. Un litigio al que se suma también el de la radio digital terrestre.
Con todo, en el Consell cavilan que en caso de que se ampliara el espectro radioeléctrico de la Comunitat Valenciana, una vez superados todos los escollos judiciales la Generalitat Valenciana podría sacar a concurso una mayor cantidad de licencias que podrían servir para dar respuesta tanto a las empresas adjudicatarias del concurso paralizado como a aquellas que se quedaron fuera del mismo. Esto es, "con una mayor cantidad podríamos contentar a ambas partes porque podríamos adjudicar más licencias", simplifican en el Ejecutivo que integran PSPV, Compromís y Unides Podem.
Ahora bien, la petición del Gobierno valenciano también se podría encontrar con la negativa por parte del Estado precisamente por este motivo: porque del centenar de licencias que tiene actualmente, cerca de una tercera parte se encuentran todavía por adjudicar 13 años después. Una dilación a la que los plazos en los juzgados no parece que vayan a contribuir.
