VALÈNCIA. El Gobierno valenciano prepara un nuevo impuesto para vehículos que generen emisiones y que sean matriculados a partir de 2023 en la Comunitat Valenciana. Así lo ha señalado la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, en la presentación realizada este martes del borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica. Esta medida, según ha explicado, está destinada a desincentivar la compra de vehículos contaminantes con la vista puesta en 2040, cuando todas las nuevas matriculaciones tendrán que ser de emisión cero.
Según ha señalado, este impuesto irá a razón de los gramos de CO2 por kilómetro que emite el vehículo matriculado. "Tiene una tabla progresiva y los vehículos que más contaminen tendrán que asumir esta carga impositiva de manera más importante que los que menos contaminan". Además, según ha concretado, el borrador también contempla impuestos para los parkings de centros comerciales dependiendo de la concentración de vehículos que puedan generar y para el ámbito portuario.
Sobre la segunda cuestión, Mollá ha puesto el punto de mira en la emisión de dióxido de carbono de los grandes barcos. "Las emisiones portuarias tendrán una política impositiva a razón de las maniobras de estancia u otras acciones que realicen en los puertos valencianos", ha destacado. No obstante, ha incidido en que el único tipo impositivo que regula "hasta la última coma" la ley es el de matriculación de vehículos, mientras que el de centros comerciales y ámbito portuario quedarán sujetos a la normativa sectorial o de Hacienda.
Estos impuestos irán destinados a un nuevo vehículo creado para canalizar estos ingresos, el Fondo para la Transición Ecológica, que se nutrirá de esta fiscalidad y tendrá carácter finalista. "El fondo será para cumplir los objetivos marcados por esta ley", ha señalado. Entre los ejemplos, ha destacado la financiación de la red de puntos de carga eléctrica o los incentivos para la compra de vehículos de libre de emisión.
De hecho, con la misión de incentivar la compra de vehículos con cero emisiones, la ley regula la instalación de puntos de carga a través de un sistema público de gestión de cargas que será gestionado por la conselleria competente en energía. Además, la ley regula que los aparcamientos privados o públicos de uso no residencial con más de 40 plazas tendrán que reservar espacios para los vehículos libres de emisiones y puntos de carga. Más estricta será la normativa con los nuevos espacios de aparcamientos creados, que tendrán que disponer de puntos cada diez plazas y que será más exigente con el paso del tiempo al contemplar un punto por cada cinco plazas.
La ley también plantea que los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) tendrán que reservar un área de suelo a la generación de energías renovables para dotar de "autosuficiencia energética" el proyecto de desarrollo urbanístico concreto.