Vicent Soler y Mónica Oltra, en la rueda de prensa de este viernes. Foto: GVAVALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó este viernes el proyecto de Ley del Juego de la Comunidad Valenciana. Una normativa que pone especial atención en la prevención y protección de los menores ante el auge de la ludopatía y que no logró aprobarse en la pasada legislatura por el adelanto electoral que decretó el president de la Generalitat, Ximo Puig, para hacer coincidir los comicios autonómicos con los generales.
No en vano, el proyecto de ley ya fue validado en noviembre de 2018 por el Consell y remitido al Parlamento valenciano, los partidos realizaron sus enmiendas y éstas finalmente quedaron pendientes de votarse porque el 5 de marzo se disolvió la Cámara. Desde entonces han pasado varias campañas electorales y se ha constituido un gobierno autonómico sin que el Ejecutivo formado por PSPV, Compromís y Unides Podem retomara la tramitación de la ley hasta este viernes.
Cuatro meses después de haber tomado posesión del cargo, el conseller de Hacienda presentó la normativa, cuyo contenido es idéntico al ya presentado hace un año. Un retraso, por tanto, inexcusable a pesar de que el departamento dirigido por Vicent Soler haya centrado su agenda en las últimas semanas en cuadrar esos ajustes de 365 millones de euros para recibir el extraFLA apalabrado entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Puig, ya que el contenido estaba ya listo y contaba con el visto bueno del Comité Económico y Social (CES) y del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para ser remitida a Les Corts Valencianes y allí continuar con su tramitación.
Como principales novedades respecto a la anterior ley de 1988, el nuevo texto legal refuerza las medidas dirigidas a impedir el acceso de menores de edad a los salones de juego. Así, plantea la obligatoriedad de que cada establecimiento cuente con un "servicio de admisión". Es decir, con un vigilante que solicite el DNI u otro tipo documento que permita identificar a cada persona que quiera entrar al salón.
La anterior ley tan solo exigía controles de acceso en determinadas zonas de los salones. En concreto, aquellas en las que existieran máquinas que ofrecieran premios de 3.000 euros. Sin embargo, no lo reclamaba en las puertas de entrada.
De la misma manera que con los menores, también deberá impedirse el acceso a quienes presenten síntomas de embriaguez o figuren en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana.
En caso de incumplirse estas restricciones, esto es, si se permite el acceso a los locales de juego a cualquier persona que lo tenga prohibido, la ley contempla distintos tipos de sanciones para los propietarios: graves o muy graves. En el primero de los casos, podrían enfrentarse a multas desde los 601 a los 6.000 euros; la "suspensión temporal de la autorización por un período máximo de un año"; el posible cierre del local por un plazo idéntico; e incluso la inhabilitación para ser titular de la autorización para actividades de juego durante un año.
Si las infracciones fuesen muy graves, como por ejemplo "un funcionamiento deficiente del sistema de admisión y control así como, la ausencia de personal para el control de admisión", la sanción económica podría oscilar de los 6.001 euros a los 600.000. La administración también podría suspender la licencia de actividad por un periodo de cinco años o, incluso, revocarla y obligar al cierre definitivo del local. Además, cabe apuntar que la recaudación derivada de estas penas irán destinadas a financiar programas de lucha y prevención de la ludopatía.
Bajo esta filosofía, los partidos del Botànic II presentaron enmiendas durante la pasada tramitación de la ley que impedía la instalación de nuevas casas de apuestas-incluyendo bingos y casinos- cercanas a los centros escolares. Los socialistas fijaban una distancia mínima de 150 metros, mientras Podem lo ampliaba hasta los 1.000. Las asociaciones de afectados por la ludopatía solicitaron en la fase de participación que fuese superior a 600 metros. Ahora, habrá que esperar a ver si las formaciones presentan las mismas propuestas de modificación.
La normativa también trata de establecer un control de admisión en los juegos online. Una modalidad que por su formato presenta mayor dificultad a la hora de evitar el acceso de menores, por lo que exigen a los operadores que implanten métodos de "comprobación para que el jugador se identifique cada vez que quiera acceder al sistema de juego".
Aunque no detalla la manera de hacerlo, el grupo Compromís en Les Corts proponía esta semana una proposición no de ley en la que ponía sobre la mesa la posibilidad de que en los procesos de alta en las páginas de apuestas se establezcan procesos de verificación de las tarjetas de crédito que se inserten, por ejemplo, a través de mensajes SMS a los móviles de los titulares de las cuentas bancarias. Una opción que los valencianistas podrían introducir vía enmienda durante el trámite parlamentario.
