La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana no aplicará finalmente a sus funcionarios el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado fin de semana que paraliza toda actividad no esencial y establece permiso retribuido recuperable. Una medida ideada por el Gobierno central por la que los trabajadores del sector privado tendrán que devolver las horas no trabajadas pero sí cobradas durante el confinamiento y que la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo quería trasladar a los funcionarios valencianos.
Las dudas legales para hacerlo, sin embargo, han congelado las pretensiones iniciales. Como ya hiciera el pasado lunes, la responsable del ramo en el Gobierno valenciano trasladó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias si la orden era aplicable a los funcionarios que no estaban teletrabajando ni acudiendo al trabajo de forma presencial porque no forman parte de los servicios que su conselleria ha considerado esenciales o sus tareas no son urgentes.
En su réplica, el departamento de Darias remitió de nuevo a la Conselleria de Bravo el apartado del Real Decreto en el que se determina que esta medida es aplicable a los trabajadores que mantienen una relación laboral por cuenta ajena. Con la duda aún por resolver, la Conselleria de Función Pública realizó este jueves una consulta a Abogacía de la Generalitat para interpretar si la autonomía era competente para aplicarlo a sus funcionarios o no.
Los abogados de la Generalitat entienden, sin embargo, que al tratarse de normativa básica estatal, al Consell le queda poco margen para ejecutar su interpretación. Un escenario ante el que desde la cartera de Bravo aseguran que finalmente no van a seguir adelante con su propósito para evitar posibles recursos en los tribunales.
Con esta resolución y el Ministerio de Darias reafirmándose en los límites que marca el decreto, ningún funcionario de la administración que no tenga ningún cometido actualmente -bien porque su conselleria no le ha incluido entre los servicios esenciales para que acuda presencialmente, o bien porque no teletrabaja- deberá devolver las horas cobradas no trabajadas. Por contra, cualquier empleado del sector privado sí deberá hacerlo.
La iniciativa había generado división entre los sindicatos mayoritarios desde que se puso encima de la mesa. Después de que el Gobierno aclarara este martes que el decreto no era aplicable a los funcionarios, Bravo se reunió con las organizaciones sindicales para trasladarles que su intención era explorar las vías -"la norma no era clara", en palabras del president de la Generalitat, Ximo Puig- que quedaban para hacerlo extensible a la Función Pública.
Ante este propósito, los sindicatos -y también el Consell- se dividieron por la mitad: CSIF e Intersindical se opusieron, mientras que UGT-PV y CCOO-PV estaban dispuestas a tender la mano para llegar a un acuerdo. Eso sí, siempre y cuando se abordara de la misma manera en todas las consellerias para no generar agravios entre los funcionarios de unos departamentos y de otros.
Mientras Intersindical tachó de "negligencia ideada al margen de la realidad", CSIF pidió a la Conselleria de Bravo que no se aplicara y, en su lugar, facilitara más el teletrabajo porque muchos funcionarios se encontraban en casa por obligación sin poder hacerlo en condiciones óptimas. De la misma manera, también criticaban que en algunos departamentos no se había dado acceso a los funcionarios a la VPN desde casa y, por ello, muchos debían acudir presencialmente a sus puestos de trabajo para poder tan solo firmar electrónicamente o para poder acceder al contenido de los ordenadores. Finalmente, el Consell no seguirá batallando por aplicar este decreto a los funcionarios de la Generalitat.
