VALÈNCIA. Sin acuerdo, no hay decreto que valga. El pleno del Consell no aprobará este viernes el Decreto-Ley de creación de la Empresa Pública de Salud que había preparado la Conselleria de Sanidad que dirige Ana Barceló para gestionar de forma directa los servicios sanitarios externalizados por las discrepancias que ha generado su contenido entre los socios del Botànic II.
A pesar de que estaba previsto en el orden del día del consellet de este jueves -cita previa al pleno del Consell a la que acuden secretarios autonómicos y subsecretarios del Gobierno valenciano y en el la que se ordenan las cuestiones que se debatirán y aprobarán al día siguiente-, la subsecretaria de Sanidad Mónica Almiñana advirtió que, tal y como había afirmado el president de la Generalitat Ximo Puig el día de antes, si no había acuerdo sobre el texto se aplazaba su aprobación.
En efecto, el jefe del Consell aseguró este miércoles tras presentar el nuevo Plan de infraestructuras sanitarias en el Palau de la Generalitat que si no se encontraba el acuerdo con los socios del Botànic -Compromís y Unides Podem-, la validación de este decreto se aplazaría. "Nosotros siempre buscamos el acuerdo, no estamos en una posición dogmática", sostuvo.
La falta de consenso, desde luego, es clara. Como ya adelantó este medio, tanto la coalición valencianista como los morados presentaron alegaciones al decreto elaborado por Sanidad que la Conselleria de Barceló, finalmente, no ha tenido en cuenta. La principal alegación de Compromís pedía acotar el objeto social de la firma solo a las resonancias magnéticas y la farmacia sociosanitaria, mientras Unides Podem, por su parte, reclamó que la empresa fuera en realidad una entidad de derecho público. Es decir, que no fuera una mercantil.
Los oídos sordos que hizo Sanidad a estas peticiones de sus socios de Gobierno sentaron especialmente mal a ambas fuerzas. De hecho, el enfrentamiento llegó el martes a Les Corts, donde los grupos parlamentarios expusieron sin rubor su malestar: la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, reveló que la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro (de Compromís), no tenía información alguna sobre el decreto y que, por tanto, los socialistas -al frente de la Conselleria de Sanidad- habían puesto en marcha toda esta maquinaria de forma "unilateral".
La adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, también se quejó por la falta de mestizaje a la hora de enfocarlo y advirtió que no secundarían el texto en el consellet d este jueves. Un escenario que dejaba a los socialistas solos en su defensa del texto y que, por tanto, no podrían llevar al pleno del Consell para que fuese aprobado. Con estos mimbres, este jueves no hubo sorpresas: el documento queda sobre la mesa unos días hasta que las tres patas del Botànic hablen el mismo idioma.
Pero el decreto de la EPS no es el único que este jueves quedó guardado en el cajón por las discrepancias generadas. A él se suma otro decreto: el que desarrolla la conocida como Ley de lobbies. Una norma que regulará las relaciones entre la administración y las empresas públicas con los denominados grupos de interés que presentó, hace ya tres años, el exconseller de Transparencia Manuel Alcaraz y cuyo desarrollo normativo no termina de agradar en Presidencia de la Generalitat, que volvió a reclamar más tiempo a sus socios para terminar de "revisar algunos flecos" como ya hizo la semana pasada, si bien se desconoce cuáles son las cuestiones o artículos de la norma que generan dudas.
A pesar de que Transparencia y Presidencia intercambian estos días posiciones y dudas técnicas sobre el texto, no logran hallar un punto de encuentra y, desde la Conselleria de Rosa Pérez Garijo se insiste en que el documento ya pasó el filtro del Consell Jurídic Consultiu la legislatura pasada. Por lo que ahora no ven necesario iniciar de nuevo la redacción del mismo para matizar algunos "aspectos técnicos" que no encaja en el Palau de la Generalitat.
El decreto, cuyo contenido ya adelantó este medio, crea un Registro de grupos de interés "de carácter público, abierto, gratuito" en el que será obligatorio que estén inscritos tanto organizaciones como representantes de las mismas que quieran mantener reuniones con el Consell. De lo contrario, "no podrán reunirse, entrevistarse o participar en las agendas", aunque si lo hacen la responsabilidad será del cargo público con el que se reúnan.
El contenido también prevé que puedan acordarse sanciones para los grupos de presión, que podrán alcanzar los 6.000 euros en caso de ser muy graves o la baja del registro de lobbies de uno a dos años, en cuyo caso "no podrá realizar la actividad de influencia frente a la administración". Y en el caso de los altos cargos, la ley aprobada hace tres años y que ahora se pretende desarrollar también prevé multas por el mismo importe.