Gabriela Bravo, consellera de Justicia y Administración Pública.VALÈNCIA. Nuevo choque entre Compromís y PSPV por el requisito lingüístico en la futura Ley de Función Pública. Este viernes estaba previsto que el pleno del Consell aprobara el anteproyecto de Ley de Función Pública para comenzar a tramitar esta norma que comenzó a redactarse en 2016 y que, cuatro años después, todavía no ha visto la luz a pesar de las constantes demandas de los sindicatos.
Sin embargo, el punto terminó retirándose del orden del día este jueves a última hora por el mismo motivo por el que esta normativa quedó bloqueada en la legislatura pasada: las fricciones que genera la exigencia del conocimiento del valenciano por parte de los funcionarios entre la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo y el departamento de Educación que comanda Vicent Marzà.
Así, este jueves se celebró la reunión previa al pleno del Consell del viernes en el que se ordenan algunas cuestiones que se debatirán y aprobarán al día siguiente; la conocida como reunión del consellet a la que acuden secretarios autonómicos y subsecretarios del Gobierno valenciano.
Una cita en la que se debatió sobre este anteproyecto de ley elaborado por los socialistas que cuenta con una disposición final que establece que el desarrollo reglamentario de esta norma se realizará a través de un decreto. Un decreto que definirá, entre otras cuestiones, la 'dureza' con la que se aplicará el conocimiento del valenciano para acceder a la administración pública.
Con estos mimbres, Compromís solicitó en la reunión de este jueves que la Conselleria de Educación participara en la elaboración de este decreto en los próximos meses junto a la Conselleria de Justicia de Bravo. Un requerimiento que justifican porque es el departamento de Marzà el que cuenta con las competencias en política lingüística; en concreto, a través de la Dirección General de Política Lingüística que ocupa Rubén Trenzano.
Una petición que no fue aceptada por los altos cargos de la Conselleria de Función Pública, en este caso, por el nuevo subsecretario, José Gabriel Olmo. Ante la negativa, los valencianistas -representados en esta ocasión por el subsecretario de Igualdad, Alberto Ibáñez, porque así lo había acordado Compromís- propusieron que, si no participaban en su elaboración, "al menos fuera necesario un informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Política Lingüística para desarrollar el decreto".
La oferta tampoco fue aceptada por el PSPV, por lo que Compromís puso encima de la mesa una última alternativa: que la Dirección General de Política Lingüística que dirige Trenzano formara parte de la comisión interdepartamental que desarrolle el reglamento de la ley. Una tercera y última disyuntiva que tampoco terminó aceptando el departamento de Bravo y que finalmente derivó en que se retirara el anteproyecto de ley del orden del pleno del Consell de este viernes por la falta de acuerdo entre los dos principales socios del Govern del Botànic.
La historia, de nuevo, se repite. Las diferencias entre PSPV y Compromís en la legislatura pasada a cuenta del requisito lingüístico ralentizaron su periplo burocrático hasta casi la parálisis. La norma ni siquiera llegó a pasar por un pleno del Consell para ser remitida y tramitada en Les Corts por la discrepancia en este punto entre socialistas y valencianistas. Ahora, el escenario es el mismo.
Cabe recordar que la reforma de la Ley de Función Pública y la introducción en ella del requisito lingüístico para acceder a una plaza de funcionario en la Administración pública era uno de los grandes compromisos legislativos del primer mandato del Botànic en la Generalitat.
La exigencia del conocimiento del valenciano estaba incluida en el borrador de la ley en el mandato anterior, pero la lenta tramitación del texto legal hizo que Compromís desconfiara en los últimos meses de la legislatura de que esta normativa finalmente fuera a aprobarse antes de que se convocaran elecciones. Un temor ante el que, incluso, la coalición valencianista se planteó introducir en la Ley de Acompañamiento de 2019 una enmienda para introducir el requisito en la ley.
En el borrador de la norma redactada en la legislatura anterior se establecía que cualquier aspirante a ocupar una plaza en la administración valenciana debía "acreditar la competencia lingüística en el conocimiento del valenciano" que se determinara "reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes". Esto es, contemplaba un desarrollo reglamentario posterior en el que se delimitaría la "dureza" con la que se aplicaría el requisito.
