El conseller Vicent Soler, en la presentación del proyecto de 2019. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La celebración de unas nuevas elecciones generales traerá consecuencias de todo tipo en los gobiernos autonómicos, incluido el Ejecutivo valenciano que lidera el socialista Ximo Puig. De entrada, sin haber llegado todavía a ese punto, dado que existe tiempo para que el PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo -la fecha límite es el 23 de septiembre-, el fantasma de otra visita a las urnas -sería la cuarta en cuatro años- ha elevado el nerviosismo en el Govern del Botànic.
Así, a lo largo de esta semana se ha producido un intenso pulso entre PSPV y Compromís en relación a las exigencias hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. La actualización de las entregas a cuenta de 2019 -450 millones- o el pago del IVA de diciembre de 2017 -280 millones- son dos de las reivindicaciones con las que la coalición liderada por Mónica Oltra ha presionado a Puig. Finalmente, el jefe del Consell ha dado un paso adelante para solicitar una reunión con su compañera de partido y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para buscar una solución.
Pese a estas discrepancias, PSPV y Compromís sí parecen estar de acuerdo en una cosa: la necesidad de contemplar una prórroga de los actuales presupuestos de la Generalitat valenciana si se celebran unas nuevas elecciones generales. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, confirmaba este jueves que esa posibilidad está sobre la mesa.
Los motivos que esgrimen para ello son diversos. Uno de ellos, además de la situación en funciones del Gobierno central y la prórroga todavía vigente de los presupuestos anteriores del PP, los de 2018, es que si se convocan los comicios -que se celebrarían el 10 de noviembre- el Gobierno no facilitará el techo de gasto a las comunidades autónomas, por los que las cuentas valencianas se harían "a ciegas".
Esta situación se produce porque la ministra Montero se niega a informar a las CCAA del techo de gasto para que puedan elaborar sus presupuestos -la ley le obliga a comunicarlo antes del 1 de agosto-, alegando que el Gobierno en funciones no puede hacerlo. La postura de la ministra es discutible -ella misma, siendo consejera de Hacienda de Andalucía, exigió a Cristóbal Montoro que facilitara la cifra en 2016 estando en funciones, cosa que finalmente hizo- pero parece inamovible.
La situación, efectivamente, es similar a la de 2016, cuando era el popular Mariano Rajoy el que se encontraba en funciones, pero entonces el Gobierno valenciano sí pudo presentar y aprobar sus cuentas del año siguiente gracias a que el entonces secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sí transmitió en una carta a principios de octubre los datos necesarios sobre el techo de gasto para que las CCAA pudieran elaborarlos. El techo, eso sí, era el mismo que el año anterior, lo que molestó a algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el valenciano.
En la actual situación, miembros del Consell así como el PSPV y Compromís admiten la posibilidad de que se vaya a una prórroga de las cuentas autonómicas si se repiten las elecciones, salvo que el Gobierno de España decidiera fijar el mencionado techo. Soler, que hace tres años también criticó a Montoro por resistirse a facilitar la cifra, no ha reclamado a Montero que informe del límite de gasto.
Una prórroga de los presupuestos de la Generalitat sería problemática para el nuevo Consell del Botànic, ya que a la dificultad propia de esta situación, como es tratar de poner en marcha los nuevos proyectos de su programa con el mismo presupuesto del año anterior, se suma que la estructura del Ejecutivo es muy diferente, con dos consellerias más y decenas de secretarías autonómicas y direcciones generales que no existían cuando se elaboró el presupuesto de 2019.
De esta forma, el Gobierno de Puig tendría que hacer numerosas modificaciones presupuestarias para delimitar el presupuesto de cada área y los consellers Rubén Martínez Dalmau (Vivienda y Arquitectura Bioclimática) y Carolina Pascual (Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital), empezarían el año como lo acabarán, con presupuestos desgajados de otras consellerias.
Una medida que no tendría que aplicarse si finalmente hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y Pedro Sánchez repite como presidente del Gobierno. Esto se produciría antes del 23 de septiembre y quedaría tiempo para transmitir los datos necesarios a las CCAA para que pudieran diseñar sus presupuestos, que deben estar listos y presentados en los parlamentos autonómicos antes del 31 de octubre.
