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El Consell se prepara para modificar la ley y permitir interinos en los cuerpos de policía local

6/11/2019 - 

VALÈNCIA. La Ley de Coordinación de Policías Locales valenciana aprobada el pasado 2017 camina hacia la modificación puntual para aliviar a numerosos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. El Consell se prepara para introducir pequeños pero trascendentales cambios que permitirán a los consistorios valencianos poder continuar contratando a personal interino para los cuerpos de Policía Local. El motivo: la última sentencia del Tribunal Constitucional, que sí permite la presencia de estos empleados públicos en los cuerpos municipales, algo que no permitía la mencionada normativa autonómica.

La sentencia del alto tribunal es contundente respecto a esta cuestión y considera que el término "funcionario de carrera" que está recogido en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) también incluye al personal interino. Y en ese sentido, los consistorios sí que pueden continuar utilizando esta figura para cubrir sus vacantes en la policía. Unas consideraciones que chocan frontalmente con la Ley de Policías Locales valenciana.

El fallo del Constitucional, referente a un caso concreto en el consistorio de Rubí (Baleares), sienta jurisprudencia y, además, prevalece sobre otra sentencia previa del Tribunal Supremo. Esta, emitida antes del verano, consideraba ilegal la contratación de interinos en la Policía Local, y por tanto convergía con el prisma de la normativa valenciana. Ahora, el pronunciamiento del Constitucional desanda lo andado hasta el momento.

Es por ello que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) ya estudia adaptar la Ley antes de que los consistorios se lancen a reclamar en los tribunales la posibilidad de contratar a interinos, según fuentes conocedoras del procedimiento. Precisamente por ello ha solicitado la asesoría de los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana, cuyas previsibles manifestaciones harán necesario este cambio normativo. La decisión todavía no está tomada, pero la administración autonómica ya trabaja en esa situación.

Estos cambios, con todo, no dejarán la contratación de interinos al libre albedrío. De hecho, la intención es regular el modo en el que se hace con el propósito de que los consistorios no normalicen esta vía para la conformación de sus cuerpos municipales de Policía Local. Así, por ejemplo, la previsión es que para acceder a estas plazas se hagan unas pruebas basadas en el mérito y la capacidad.

Asimismo, según las mismas fuentes, y con el fin de acabar con la precariedad en las plazas de agente, se empujará a los consistorios a generar estas plazas en las futuras ofertas públicas de empleo. Y además, se implantará un curso de formación para los futuros interinos en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) que podría durar en torno a una semana.

La intención con esto es que los futuros interinos lleguen a los cuerpos de policía con la formación necesaria para ejercer sus funciones. Existe la posibilidad de que estos cursos se puedan ofrecer directamente por los Ayuntamientos que lo deseen y que el IVASPE los homologue. No obstante, estos casos se circunscribirían a aquellos consistorios con la capacidad para llevar a cabo la formación. Es decir, los más grandes.

Con todo, para este cambio normativo, la Generalitat Valenciana no cuenta con el beneplácito de todos los sindicatos de policía. Por un lado, UGT se ha mostrado favorable en las últimas reuniones de hacerlo para evitar recursos judiciales y de hecho ya ha propuesto algunas ideas para regularlo, mientras que por otro lado, otras organizaciones sindicales como CCOO han mostrado su desacuerdo al considerar que permitir interinos en los cuerpos constituye una situación de precariedad laboral contra la que la ley autonómica quería batallar.

Hay que recordar que en la Comunitat Valenciana existen más de 1.400 policías locales en situación de interinidad y cuya plaza no se ha regularizado. Una fotografía que pretendía borrar la Ley pero que el Tribunal Constitucional ha avalado.

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