El conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El adelanto electoral del pasado mes de marzo decretado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, para hacer coincidir los comicios autonómicos con los generales de abril dejó en el cajón una quincena de leyes valencianas. Algunas de ellas socialmente sensibles como la Ley del Juego, una norma que todos los partidos consideraban urgente para frenar el auge de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, especialmente entre los jóvenes.
La ley que estuvo a punto de aprobarse en marzo ponía especial énfasis en la prevención y la protección de los menores. Han pasado siete meses y los partidos del Consell, PSPV, Compromís y Unides Podem, que se han comprometido en numerosas ocasiones a retomar la reforma planteada por la Conselleria de Hacienda, no demuestran tener la prisa de la que presumen, a punto de cumplirse cuatro meses de gobierno.
Durante las negociaciones del Botànic II, socialistas, valencianistas y morados se 'repartieron' las leyes que no consiguieron aprobar en la pasada legislatura para tratar de sacarlas adelante en la actual. Unides Podem, por ejemplo, batalló por que la Ley de Economía Circular se presentara en Les Corts Valencianes como una proposición de ley, mientras que el PSPV pactó que la que pretende regular la actividad en los salones recreativos volviera a partir del Consell como un proyecto de ley. Así, sería la Conselleria de Hacienda de nuevo la encargada de iniciar los trámites para cursarla.
El pasado 26 de septiembre, en la sesión del control al Consell, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, instaba a Puig a presentar cuanto antes la ley ante la "proliferación descontrolada de las casas de apuestas" y el "alarmante aumento de la ludopatía" entre los más jóvenes. Ximo Puig respondió que el Ejecutivo retomaría la ley "en las próximas semanas", pero después de casi un mes y cinco plenos del Consell celebrados, el proyecto sigue en el cajón. Al retraso del Consell hay que añadir el que sufrirá la tramitación parlamentaria por haber esperado a estas fechas, cuando toca presentar los Presupuestos de la Generalitat para 2020, que tienen prioridad.
Conviene apuntar que el departamento que dirige Vicent Soler ha estado centrado en las últimas semanas en la negociación con el resto de carteras del Ejecutivo para cuadrar los recortes exigidos por el Ministerio de Hacienda para poder recibir el extraFLA de 365 millones que permitan hacer frente al pago de proveedores.
Sin embargo, el retraso de cuatro meses podría considerarse en cierto modo inexcusable por este motivo si se tiene en cuenta que el texto normativo está listo para presentarse desde hace meses. No en vano, la ley ya se quedó a las puertas de ser aprobada en Les Corts, por lo que Hacienda no tendría que volver a trabajar en su contenido y tan sólo sería necesario que volviera a pasar por un pleno del Consell para trasladarla al Parlamento y allí continuar su tramitación.
El Ejecutivo formado por PSPV y Compromís aprobó hace ya casi un año el proyecto de Ley del Juego elaborado por la Conselleria de Hacienda que dirige Soler que modificaba la normativa de 1988 con numerosas restricciones, como por ejemplo, que la distancia mínima entre salones fuera a partir de entonces de 700 metros.
El texto legal ponía especial atención en los colectivos vulnerables y en la protección de los menores, pues planteaba la obligatoriedad de que en las puertas de acceso a estos recintos hubiera un vigilante que solicitara el DNI u otro documento identificativo a cada persona que quisiera entrar en ellos. La norma preveía también un incremento de las sanciones y que el dinero recaudado fuera destinado a financiar programas de lucha y prevención de la ludopatía.
Los grupos parlamentarios, no obstante, propusieron enmiendas para endurecer más la normativa en algunos aspectos, lo que puso en pie de guerra a la patronal del juego. Una de las modificaciones que plantearon los socialistas y más polvareda levantó en el sector era la prohibición de la instalación de nuevos locales específicos de apuestas -incluidos bingos y casinos- a una distancia inferior a 150 metros de los accesos a cualquier instituto o colegio. Los morados pretendían que esta distancia se ampliara a los 1.000 metros.
Una cláusula que no sólo afectaría a los locales de nueva apertura. Y he ahí la mayor aversión que generó en el sector del juego, ya que la restricción afectaría a los salones ya en funcionamiento a partir de cuando caducaran sus respectivas licencias. El director general de la patronal CEjuego, Alejandro Landaluce, vaticinó que esta circunstancia haría cerrar numerosos salones de apuestas.
Esto es, PSPV, Compromís y Unides Podem planteaban que aquellas casas de apuestas que se hallaran a menos de 150 metros de un centro escolar en la actualidad deberían adaptarse a la nueva normativa si querían "renovar su licencia para seguir operando". Por lo que las que estuvieran a una distancia inferior a la especificada en el nuevo texto legal planteado porque obtuvieron la licencia de apertura con la anterior normativa, habrían de traspasar el local cuando les caducara el permiso si quisieran mantenerla.
En concreto, esta restricción no llegó a incorporarse a la normativa porque no se votó en el Parlamento valenciano. Ahora, habrá que esperar a ver si el Consell decide introducirla o prefiere que sean Les Corts desde donde se impulsen este tipo de reformas más osadas. De momento, lo principal para ello, es que se presente la ley.
En el punto 20 del acuerdo del Botànic II resumían así aspectos más importantes de la futura ley: "Aprobaremos la Ley del Juego e impulsaremos programas específicos para la prevención de la ludopatía trabajando con los entornos sociales y comunitarios, restringiremos la publicidad del juego en línea y regularemos la instalación y funcionamiento de las casas de apuestas. Asimismo, incrementaremos el impuesto del juego y destinaremos su recaudación a campañas de sensibilización y tratamiento de la problemática de la ludopatía".
