El Gobierno autoriza a la Comunitat Valenciana a formalizar operaciones de deuda
8/03/2019 -
MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a varias comunidades autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento a la Comunitat Valenciana (585 millones), así como a Andalucía (3.046 millones) y a Asturias (1.046,7 millones). Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.
En el caso de Comunitat Valenciana, el Consejo de Ministros da el visto bueno a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 585 millones de euros.
Estas operaciones tienen como finalidad reestructurar préstamos formalizados entre 2012 y 2017 con cargo a los diversos mecanismos establecidos por el Estado para la financiación de los pagos a proveedores y de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas.
También servirán para reestructurar otros formalizados en 2010 y 2011 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para mejorar sus condiciones financieras, adaptándolas a la situación actual de mercado, y para reducir la carga financiera de su cartera de deuda.
Andalucía y Asturias
En el caso de Andalucía, se autoriza un importe máximo de 1.321,1 millones para formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública. El objetivo de esta operación es amortizar vencimientos del ejercicio 2019 que no se financiarán con cargo a los Fondos de Financiación a Comunidades Autónomas.
Se sigue así aplicando el procedimiento que acordó el Gobierno en julio pasado, para combinar la financiación con cargo a este Fondo del Estado con la captación de recursos por parte de las propias autonomías a través de los mercados y de préstamos bancarios.
El Gobierno también autoriza a Andalucía a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo durante 2019, por importe máximo de 1.725 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería, tanto de la Administración andaluza como de sus organismos y entes públicos.
En cuanto al Principado de Asturias, se autoriza a esta comunidad a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 1.046,7 millones de euros, con la finalidad de refinanciar operaciones de endeudamiento del Fondo de Financiación para reducir costes financieros.
