VALÈNCIA. No hay informe pero, según la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lo habrá. Lo habrá y Montero ya sabe qué dirá, como al parecer lo sabía el pasado 12 de agosto, cuando afirmó que la Abogacía del Estado le había "trasladado" que un gobierno en funciones no puede aprobar la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica.
Tras solicitar el Grupo Popular en el Congreso el informe de la Abogacía, la ministra en funciones reconocía este martes, 15 días después, que no existe tal informe, pero que espera recibirlo "en breve". El PP pidió su dimisión por "mentir".
En una entrevista en la cadena Ser y ante las quejas de muchos gobiernos autónomos por no haber recibido este dinero, Montero afirmó hace dos semanas que había preguntado a la Abogacía del Estado y que la respuesta había sido negativa, lo que impide que las CCAA reciban 4.700 millones de euros que tienen presupuestados como ingresos en 2019. En el caso de la Comunitat Valenciana son unos 450 millones. Lo que las CCAA están recibiendo es lo mismo que en 2018, sin actualización.
A esta cantidad hay que sumar 2.500 millones de euros -de ellos, 237 para la Comunitat Valenciana- de una mensualidad del IVA de 2017 que también se iba a pagar a las CCAA pero que, al no haber Presupuestos del Estado de 2019, tampoco llegarán.
El informe no existe, pero, según dijo Montero, la Abogacía le trasladó que "son tareas que no pertenecen al ámbito ordinario, al ámbito habitual del Gobierno, y que condicionaría la actividad hipotética de un futuro ejecutivo", aunque señaló que los servicios jurídicos del Estado sí han aceptado que sin que haya nuevos presupuestos del Estado se puedan librar las entregas a cuenta. El problema, insistió, es que el Gobierno está en funciones.
Preguntada sobre la reivindicación de las Comunidades Autónomas de que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe el techo de gasto o, al menos, oriente sobre en cuál está pensando el Ejecutivo en funciones para que los gobiernos autonómicos puedan elaborar sus proyectos de presupuestos de 2020, la ministra andaluza fue aún más tajante y afirmó que el Gobierno no puede aprobar el techo de gasto estando en funciones porque compromete al futuro gobierno, según "los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda".
La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Gobierno a aprobar el techo de gasto antes del 1 de agosto, plazo que el Ejecutivo en funciones de Sánchez ha incumplido. Ni siquiera ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano formado por el Estado y las CCAA donde se debaten asuntos de presupuestos y financiación autonómica.
Es un dato, el del techo de gasto para 2020, que la ministra en funciones ya debe de tener claro, puesto que el proyecto de Presupuestos del Estado para 2020 está "bastante avanzado", según admitió el 12 de agosto, para el caso de que Sánchez fuera investido presidente antes del 23 de septiembre.
La situación respecto al techo de gasto es similar a la vivida en agosto de 2016 cuando el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se negó a aprobar el techo de gasto para 2017 por estar en funciones. La entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, alegó que la Abogacía del Estado había emitido un informe contrario a que el Ejecutivo en funciones aprobara la medida.
Entonces fueron la CCAA gobernadas por socialistas y el propio PSOE los que salieron en tromba a criticar al ministro Cristóbal Montoro. Entre estas críticas destaca, tres años después, la de la actual ministra y entonces consejera de Hacienda del Gobierno de Andalucía, María Jesús Montero.
Como recogió El País, Montero afirmó que Montoro retrasaba la aprobación del techo de gasto para presionar a las CCAA: "El dato lo tienen y no lo comunican. Se hace para intentar presionar a los Gobiernos autónomos intentando trasladarles que no hay posibilidad de comunicar el dato hasta que no haya Presupuesto del conjunto del Estado", afirmó. Y añadió: "No tengo dudas de que el Ministerio de Hacienda está trabajando en la elaboración del Presupuesto, Hacienda tiene un escenario y una cifra que podría perfectamente comunicar".
También el entonces portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso y hoy secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, urgía al Gobierno de Rajoy a aprobar el techo de gasto mediante decreto-ley.