Foto: R. RUBIO/EPVALÈNCIA (EP). El pacto sellado entre el PSOE y Compromís por el que la formación valenciana apoyó la investidura de Pedro Sánchez es el que mayor grado de cumplimiento acumula a 30 de junio, incluso por encima del que el propio Ejecutivo atribuye al acuerdo que le permitió formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. El alcanzado con el PNV se ha cumplido en un 21% y el acuerdo con ERC para la mesa de diálogo sobre Cataluña aún está en proceso, a expensas de los frutos que arroje ese foro a partir de septiembre.
Así se desprende del informe 'Cumpliendo' dado a conocer este jueves por Moncloa, y del que el propio Sánchez ha dado algunas pinceladas en su comparecencia para hacer balance del curso político que termina.
En concreto, según el documento, recogido por Europa Press, el Gobierno dice haber cumplido ya un 45,5% de los 22 compromisos que alcanzó con Compromís, mientras que está en proceso de cumplir el otro 41%, aún no ha hecho gestiones respecto al 9 por ciento y un 4,5% de los mismos considera que han decaído.
El segundo pacto de investidura con más objetivos ya en marcha es alcanzado con Nueva Canarias, que incluía un total de 45 medidas. De ellas ya se han aplicado el 37,8%, un 48,9% está en proceso, falta por activar un 11% y han caído un 2,2%.
El acuerdo que permitió a Teruel Existe apoyar a Sánchez como presidente alcanza ya un cumplimiento del 25,6%, con un 69,2% de los compromisos en proceso y ninguno pendiente de arrancar. En este caso, el Gobierno da por decaídos el 5,1%.
En el caso del BNG las medidas pactadas y ya cumplidas llegan al 25%, un 65% están en proceso, un 5% no han arrancado y un 5% ha decaído.
Con el PNV, según el documento del Gobierno, se acordaron 22 asuntos, ya se ha dado cumplimiento al 21,4%, el 71,4% están en proceso y faltan por activarse el 7,1%. Todos siguen vigentes porque ninguno ha decaído.
En el caso de ERC, el documento sólo contempla como compromiso la creación de una mesa entre los gobiernos central y catalán para la resolución del conflicto político, un asunto que según el Gobierno está "en proceso con avances".
En el caso de los 428 compromisos en su acuerdo de coalición con Unidas Podemos, Moncloa asegura haber cumplido ya el 33,4%, haber iniciado gestiones sobre el 60,7% y no haber empezado a trabajar en el 5,4%.
Uno de los asuntos que están resultando más difíciles de pactar en el seno del Gobierno de coalición es la nueva Ley de Vivienda, que acumula ya siete meses de retraso. El informe de rendición de cuentas menciona esta norma entre los compromisos "en proceso".
En concreto recoge que se está trabajado en la redacción de la futura ley de vivienda". También señala como activados en esta materia el compromiso de promover un marco normativo en el que los grandes tenedores colaboren con la administración para poner a disposición vivienda vacía a precios razonables, la aprobación de una norma que garantice la vivienda de protección pública para personas vulnerables y la propia aprobación de una ley de vivienda.
También recoge la "aprobación de una ley de vivienda" como uno de los nuevos compromisos en tabla la actualización de los mismos para ajustarlos a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde también aparece el objetivo de lograr que el 70% de la población esté vacunada al acabar el verano, aprobar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modernizar la negociación colectiva, separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social o poner en servicio el AVE a Galicia.
La creación de la comisión asesora para el análisis del Salario Mínimo Interprofesional y del comité de personas expertas para la reforma fiscal también figuran en el informe como algunas de las cosas realizadas en este primer semestre.
El porcentaje de compromisos para cuyo cumplimiento aún no se ha dado ningún paso alcanza el 6%. Entre ellos el informe destaca la aprobación de la ley sobre libertad de conciencia, la modificación de la ley de justicia universal, la elaboración de la ley de asilo, aprobar el Estatuto del Trabajo del s.XXI y crear oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas que requieren acciones urgentes.
El Gobierno presentará un nuevo informe de este tipo cuando finalice diciembre. Su idea es que este método de rendición de cuentas se institucionalice de manera que sea asumido por los siguientes Ejecutivos.
Según fuentes de Moncloa, en aras de esa institucionalización la dirección de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno --que hasta ahora ocupaba el nuevo secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre-- ha pasado denominarse 'Unidad de rendición de cuentas', un departamento con rango de subdirección general que pilotará Arancha García.
