El Gobierno distribuirá 283 millones entre las autonomías para la financiación de la Dependencia

MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución entre las comunidades autónomas de 283 millones de euros que deberán ser destinados a la financiación de la Dependencia.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. En su intervención ha precisado que esta cuantía corresponde con la partida conocida como 'Nivel acordado' y que se "suprimió" en 2012 "por el Gobierno del PP".

"Hoy lo revertimos y recuperamos, dando cumplimiento a uno de los compromisos que se adquirió en el acuerdo de Gobierno de la coalición progresista", ha declarado.

Montero ha explicado que, además, el Ejecutivo ha elevado en un 17% la media de las cuantías de nivel mínimo, que es el que paga la parte del servicio que se presta a los ciudadanos en situación de dependencia. Es decir, que han aumentado las transferencias que el Estado realiza a las autonomías por cada persona dependiente atendida.

De este modo, el equipo de Pedro Sánchez aumenta la financiación del sistema de Dependencia en su conjunto, en 2021, en 600 millones de euros, lo que, según la ministra portavoz, equivale a una subida del 43% en la aportación que se hace al Ministerio de Derechos Sociales.

Estos fondos, ha indicado Montero, se usarán para dar cumplimiento a la reducción de las listas de espera, para mejorar los servicios y la situación laboral de los profesionales del sistema de Dependencia. Además, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando para que estas medidas y la situación del sistema vaya mejorando de forma progresiva en 2022 y 2023.

Recurso contra la modificación de la Ley de salud de Galicia

Montero ha anunciado también que el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de salud de Galicia. 

El Gobierno había preguntado hace unas semanas al Consejo de Estado sobre la posible constitucionalidad de esta modificación de ley, y es ahora cuando el Ejecutivo se ha pronunciado a favor de presentar este recurso tras el dictamen de este órgano.

Según defiende el Gobierno, la norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes departamentos ministeriales.

El plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo de 2021.

El Ejecutivo plantea la impugnación al considerar que la norma autonómica gallega introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que según el artículo 81 de la Constitución española están reservadas a una Ley Orgánica.