Fue una sentencia histórica de Mariano Rajoy, en 2012: "los catalanes son emprendedores. Hacen cosas. Exportan". Así fue y así, labrado en piedra, quedaría para la posteridad. Pocos años después, los catalanes hicieron una de esas cosas que hacen: montar un referéndum por su cuenta y riesgo, y Rajoy no supo cómo responder proporcionadamente: anteriormente no había hecho nada, a ver si la cosa escampaba sola, y cuando se consumó el referéndum envió a miles de policías a aporrear a la gente que iba a votar.
Los gobiernos españoles nunca han sabido muy bien qué hacer con Cataluña, en especial desde que el Tribunal Constitucional revisase a la baja en 2010 el Estatut de Cataluña. Básicamente hay dos perspectivas: la mano dura y los paños calientes. Los partidarios de la mano dura creen que al enemigo (los independentistas) no hay que darle ni agua, y que hacerlo (darles cosas) es perjudicial, porque los catalanes, si les das cosas, hacen otras "cosas" con ello: más independentismo. Los partidarios de la conciliación y los paños calientes piensan que lo que crea más independentistas es la política de choque y que hay que hacer esfuerzos para tender puentes y reducir la tensión política.
En España está muy claro que la derecha, las derechas, se ubican sin apenas matices en la primera postura. De hecho, posiblemente Rajoy fuera uno de los dirigentes conservadores menos proclives al choque, y por eso se pasó años sin hacer nada. Porque, siendo conservador, si hacía algo necesariamente iría en el sentido de la confrontación con el independentismo, como así fue. Pero, pasado Rajoy, los tres partidos que representan a la derecha en España rivalizan en su dureza frente al independentismo.
En la izquierda, en cambio, prevalece más bien la segunda postura, aunque hay que decir que sin excesivo entusiasmo, por miedo a las consecuencias electorales. Sobre todo, en las filas socialistas. No hay más que ver las reacciones suscitadas en el seno del PSOE ante la eventualidad de un indulto gubernamental a los dirigentes independentistas involucrados en el referéndum del 1-O, sobre todo el trío de tenores autonómicos socialistas de la España interior: García Page, Lambán y (en menor medida) Fernández Vara.
Personalmente, creo que el conflicto catalán tiene muy difícil solución, pero que si la tiene ésta no pasa por la política de choque, que viene a ser como enviar a un "duro" como el general Weyler a Cuba para "poner firmes" a los nacionalistas cubanos (ya sabemos cómo salió la cosa). Cualquiera que vea lo sucedido el 1-O lo tendrá complicado para afirmar que aquello fue un golpe de Estado violento, homologable a lo sucedido en España el 23F de 1981 (cuyos autores, por otro lado, fueron indultados). El planteamiento judicial fue desmesurado desde el principio; y muy decepcionante que el nuevo Gobierno del PSOE en 2018 sólo viera oportuno rebajar la petición de penas desde la rebelión hasta la sedición, estableciendo que la diferencia entre PP y PSOE, en esta cuestión, consiste en el número de años que quieren meter en la cárcel a los independentistas, también a gente que ni siquiera ocupaba cargos de representación política en ese momento (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart).
El Gobierno del PSOE debería haber planteado los indultos cuando se produjo la sentencia, y no esperarse más de un año para hacerlo; ahora, porque ve que se le escapa la mayoría electoral y necesita ofrecer algo a los partidos políticos independentistas catalanes para garantizarse sus votos en el Congreso de los Diputados en los próximos años. Incluso en una eventual reelección. Es cuestión de aritmética: sin los independentistas, Sánchez no puede gobernar tranquilamente estos dos años; y, sin su apoyo, seguro que no revalida.
Tal vez esta decisión le enajene al PSOE votantes partidarios de la línea dura con el independentismo, sobre todo en la mencionada España interior. No hay solución buena aquí, electoralmente hablando, para los socialistas. La cuestión es que, si por una vez dejamos el parámetro electoral de lado, cabría preguntarse si tiene sentido estratégico, como país, si lo que queremos es convivir, o sencillamente si nos creemos el sistema democrático en el que vivimos, aplicar a los líderes independentistas una vara de medir peor que a los golpistas del 23F. ¿Queremos que haya alguna opción de arreglar, o al menos encauzar, este conflicto, o queremos enquistarlo eternamente, hasta que vuelva a estallar?
Pero, además, con independencia de criterios estratégicos, de lo que convenga al país, la cuestión es si es justo indultar a los presos independentistas. Y yo creo que está clarísimo: Sí. La "independencia" de la República catalana fue propia de una farsa, no de una tragedia. El castigo a la -evidente- insubordinación y vulneración del marco constitucional no debería expresarse en años de cárcel, sino de inhabilitación. Si el poder judicial, por una interpretación estricta de la ley, ha establecido penas desmesuradas e inadecuadas para lo que realmente se está enjuiciando, el Gobierno tiene toda la legitimidad, y el deber, de aplicar el indulto. Aunque, como siempre con Sánchez, las cosas no se hagan por elevadas razones morales, o por sentido de Estado, sino por criterios electoralistas.
