El Gobierno inyecta 60 millones en la caja de la Generalitat a cinco días del 10N para pagar facturas

VALÈNCIA. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez inyectó este martes en la caja de la Generalitat 59,5 millones de euros que el Consell utilizará para pagar facturas atrasadas, sobre todo de farmacia y proveedores de servicios públicos. El dinero, que llega a cinco días de las elecciones generales del 10N, es parte de los 460 millones pendientes en concepto de actualización de entregas a cuenta del sistema de financiación, la mitad de los cuales debían llegar antes de ir a votar, según se comprometió en València la ministra María Jesús Montero.

La titular de Hacienda en funciones concretó a mediados de octubre tras reunirse con Ximo Puig en el Palau de la Generalitat que el Gobierno pagaría a las Comunidades Autónomas los 4.682 millones de euros que les debía de la actualización de las entregas a cuenta de 2018 mediante dos pagos en noviembre y diciembre. El primer 50% debía liberarse antes de las generales, aunque Montero negó que ello tuviera una motivación "electoralista".

La Conselleria de Hacienda confirmó este martes la entrada en la caja de la Generalitat de 59,5 millones de euros que se destinarán a pagar facturas prioritarias, de servicios públicos fundamentales. Los dos pagos que prometió la ministra Montero se subdividirán en otros dos mensuales. Además del que ya ha llegado, el Ministerio de Hacienda ha comunicado al Consell que a finales de este mes llegará otra entrega que no está cuantificada.

La actualización de las entregas a cuenta, que normalmente se liquida mes a mes, ha estado bloqueada este año durante meses por la situación de interinidad del Gobierno. Hasta el pasado agosto, el Ministerio de Hacienda siempre había argumentado que la Abogacía del Estado le impedía aprobar ese pago a las comunidades al encontrarse en funciones y con los Presupuestos de 2018 prorrogados.

Esa situación ha provocado importantes problemas de tesorería a varias comunidades, fundamentalmente a Murcia y la Comunitat Valenciana, hasta el punto de tener que cerrar el grifo del gasto meses antes del cierre del ejercicio mediante retenciones de crédito de partidas presupuestarias pendientes de ejecución a las puertas del último trimestre.

La negociación para determinar las partidas afectadas por los recortes ha tensado al máximo la relación entre los socios del Botànic, especialmente entre el PSPV, que controla la Conselleria de Hacienda, y Compromís, cuyos dirigentes han forzado al máximo a su socio para que se plantase ante el Gobierno central antes de someterse sin más a los recortes.

Con todo, a pesar de que el Consell ha sido finalmente capaz de alcanzar un pacto de no agresión para aplicar las retenciones de crédito –cuyo detalle no se conocerá hasta que se apruebe el Plan Económico Financiero de la Comunitat tras las elecciones– , el déficit de la Comunitat se va a disparar este año hasta niveles de récord.

Tras el fracaso de Pedro Sánchez para conseguir ser investido presidente y la consiguiente convocatoria de las elecciones del próximo domingo, el Ministerio de Hacienda encontró un resquicio legal para salvar las reservas que planteaba la Abogacía del Estado a esos pagos.

Lo que era imposible mientras el presidente en funciones tenía posibilidades de ser investido se convirtió en algo factible con la negativa del PP y Ciudadanos para abstenerse y facilitar la investidura, se hizo factible con la convocatoria de las nuevas generales. El giro fue criticado incluso por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, al opinar que la maniobra era fruto de la magia.

Antes de visitar València, la ministra en funciones defendió que no había ningún "cambio de criterio" y que, gracias a los esfuerzos de su Gobierno por encontrar una solución legal, ya se contaba con un informe favorable de la Abogacía del Estado para cumplir con las comunidades.

Los argumentos legales por los que ahora ya sí se podía autorizar ese pago eran dos, según la propia ministra de Hacienda. Por un lado, que su decisión ya no interferirá en la que pueda tomar un gobierno en plenas capacidades, porque al repetir las elecciones ya no daría tiempo al nuevo Ejecutivo a aprobar esas entregas antes del final de año. Por otro, la concurrencia de motivos de "urgente necesidad" de aliviar la tesorería de las comunidades.