MADRID (EP). El Gobierno no aprobará la reforma fiscal en profundidad encargada a los expertos hasta el primer trimestre de 2023, que evaluará tanto las imposición directa, como la indirecta, la medioambiental o los tributos que gravan la riqueza, según figura en el componente de fiscalidad incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.
No obstante, algunos cambios fiscales sí se irán incorporando antes, como la creación de los ya anunciados impuestos sobre plásticos y sobre residuos, que se remitirán a las Cortes en el segundo trimestre de 2021 para que entren en vigor en el tercer trimestre, y en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación.
Asimismo, en el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del
Impuesto sobre Gases Fluorados y en el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, con la finalidad de revisar las bonificaciones fiscales del diésel sobre la gasolina.
El Gobierno se compromete también con Bruselas a evaluar 15 beneficios fiscales entre 2021 (a partir del segundo trimestre) y 2024, que no detalla, y que serán seleccionados por un grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda. Cada uno de esos tres años, se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales.
Así, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024 se presentarán el
correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los
beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso,
se tomarán las decisiones de reforma, "si la situación económica lo
permite" que, en cualquier caso, se aprobaría en el primer trimestre de 2023, con el resto de la reforma fiscal.
En este punto, el documento del Gobierno apuesta por la "reducción y eliminación" de beneficios fiscales y regímenes especiales actuales, que supondrían un incremento de la recaudación y un sistema fiscal más sencillo.
"De este modo, se plantea la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado", reza el documento, que cifra en 60.000 millones el importe de los actuales beneficios fiscales y que no excluye, en cambio, crear nuevos beneficios fiscales que sí estén justificados.
El mandato que ha dado el Gobierno al Comité de Expertos de la reforma fiscal, creado ya hace unas semanas y que debe concluir sus recomendaciones en febrero de 2022, es realizar un "examen en profundidad" de las diferentes figuras del sistema fiscal para acercar la tributación española a la media de la UE.
Así, deberán prestar especial atención a la fiscalidad medioambiental
imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial y fiscalidad de las actividades económicas emergentes.
Concretamente, y además de las nuevas tasas 'Google' y 'Tobin' ya en vigor desde este año, el Ejecutivo asegura que existe la posibilidad de crear "nuevas figuras tributarias" que graven los comportamientos nocivos con el medio ambiente, y en el ámbito de la imposición sobre la riqueza, asegura que hay "importantes mejoras a introducir", tanto desde el punto de vista técnico, como desde la perspectiva de implementar una política redistributiva "coherente a nivel nacional".
Por ello, apuesta por aplicar "de forma más coordinada" la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición "mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA".
El Gobierno reitera a lo largo del componente 28 del Plan de Recuperación, referido a la fiscalidad, que el objetivo de la reforma fiscal es acercar los niveles de tributación de España a la media de los
países del entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del Estado del Bienestar.
De esta forma, asegura que se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del "ensanchamiento" de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse.
Asimismo, afirma que deben analizarse "en profundidad" las figuras
tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación "de nuevos tributos" de acuerdo con las tendencias más recientes.
"La situación actual genera una oportunidad para llevar a cabo una reforma de nuestro sistema tributario que permita hacerlo más equitativo, progresivo y justo y lograr una verdadera contribución de la economía digital, que fomente la protección del medio ambiente y los hábitos saludables, así como la sostenibilidad fiscal", subraya.
Como resultado, añade, se prevé "incrementar la suficiencia recaudatoria" del sistema tributario de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad del gasto público, ya que los actuales ingresos públicos tiene "margen de crecimiento en el medio plazo".
"Este Gobierno está decidido a impulsar este incremento, acercándonos a la media de los países europeos, especialmente en las figuras medioambientales y digitales y utilizar estos crecimientos para ajustar el déficit estructural", reitera.
Por último, el Gobierno señala que la persecución de los principios anteriores deberá realizarse prestando la "debida atención" a la necesidad de garantizar el "adecuado equilibrio" entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico, creación de empleo, actividad económica y mejora de competitividad española.
Por ello, asegura que será necesario "cuadrar adecuadamente" las reformas a introducir con los tempos de la recuperación económica, de modo que se combinen "adecuadamente" políticas de estímulo y apoyo a los sectores económicos y al empleo con las reformas tributarias que se articulen.
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