MADRID (EP). El Gobierno prevé un impacto por importe de 100 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agilidad Urbana por la concesión de un suplemento de crédito para el programa de ayudas a los arrendatarios, según se recoge en la memoria del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus.
También se recoge la autorización al Ministerio para transferir a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla el 100% de los fondos comprometidos en los convenios de ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 por valor 346,6 millones de euros para 2020 y de 354,3 millones para 2021.
Sobre las medidas previstas en relación al nuevo programa de ayudas al alquiler, el Gobierno apunta que estas afectarán a los presupuestos de las comunidades autónomas y entidades locales el aplazamiento extraordinario de reembolso en préstamos concedidos a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria del coronavirus.
El Consejo de Ministros aprobó este martes un conjunto de ayudas que beneficiará a unas 500.000 familias vulnerables y que contempla la suspensión de los desahucios durante seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, por importe de 700 millones de euros, entre otros.
En concreto, se aprobó la suspensión de lanzamientos sin alternativa habitacional hasta que se cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma para que "nadie se quede sin casa durante la crisis", así como una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitacional para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19.
También se recoge que, si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler a través de una línea de ayudas públicas que contempla ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros para gastos de suministros o mantenimiento, con un importe total de hasta 700 millones de euros.
Sobre los grandes tenedores, la norma establece que tendrán que elegir entre realizar una quita del 50% o bien reestructuración de la deuda en 3 años para los afectados.
En paralelo a las medidas de alquiler, el Gobierno decidió ampliar a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la situación generada a raíz de la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus, frente al mes que contemplaba hasta ahora.
