VALÈNCIA. (EP) El Gobierno ha conseguido sacar adelante en el Congreso el decreto que regula el periodo de 'nueva normalidad' iniciado tras el fin del estado de alarma con los votos a favor, entre otros, de PP y Ciudadanos y el rechazo de Vox y los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y Bildu.
La norma que extiende la obligatoriedad del uso de mascarilla en medios de transporte y espacios abiertos al público cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros ha sido convalidada en el Congreso con 265 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, PNV, Más País, PRC, UPN, Coalición Canaria, 77 votos en contra de Vox y los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y Bildu y 5 abstenciones, entre ellas la de Compromís.
Ahora se seguirá tramitando en la Cámara como proyecto de ley, de manera que los grupos podrán presentar sus enmiendas al texto. Así lo han decidido los diputados en una segunda votación tras la convalidación del texto.
El PP ha desvelado este mismo jueves el sentido de su voto. A diferencia de las últimas prórrogas del estado de alarma, que rechazó, en esta ocasión ha decidido votar a favor con la esperanza de que pueda introducir en la tramitación de la norma algunas de sus propuestas, como la creación de una Oficina de Atención a Víctimas o un plan jurídico que permita confinar a la población sin necesidad de recurrir al estado de alarma.
La exministra de Sanidad y diputada 'popular' Ana Pastor ha defendido que se dote al Ministerio de los recursos necesarios para que pueda poner en marcha una verdadera "política nacional" porque la respuesta frente a epidemias no es un tema de "competencias" de la Administración General del Estado y las autonomías, sino una cuestión de "salud pública".
Las expectativas que tiene el PP de cambiar el texto aprobado por el Gobierno suscita recelos en el PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, ya ha avisado de que los nacionalistas vascos votarán en contra del proyecto de ley si se introducen cambios que supongan para el PNV una "merma" de las competencias que el Estatuto reconoce al Ejecutivo vasco.
Esteban ha aconsejado al Gobierno que, si ve necesario fortalecer el Ministerio de Sanidad, empiece a reforzarlo mejorando su propia organización interna, dado que algunas competencias que debería tener este departamento están repartidas en otros Ministerios, como es el caso de la política de atención a la dependencia (en la Vicepresidencia de Derechos Sociales), la Agencia de Seguridad Alimentaria en Consumo o el Instituto de Salud Carlos III, que depende de Ciencia.
Por motivos distintos, el decreto de nueva normalidad ha contado con el voto en contra de Vox y los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y Bildu.
El portavoz de Sanidad de Vox, Juan Carlos Steegmann, ha justificado su voto en contra en el convencimiento de su grupo de que la convalidación del decreto vuelve a ser un "nuevo acto de propaganda" del Ejecutivo. La formación de Santiago Abascal se opone también a que esta norma haya tomado la forma del real decreto ley, la única fórmula que permite al Gobierno legislar directamente en cuestiones de urgencia, aunque necesite la convalidación posterior del Congreso.
Steegman considera que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para presentar esta nueva norma como legislación ordinaria, ha protestado contra la "nefasta" gestión del Ejecutivo durante la pandemia y ha exigido retirar toda aportación de España a la OMS, a la que acusa de ser "cómplice del régimen comunista chino".
Junts y ERC han presentado su voto en contra como un castigo al mando único que supuso el estado de alarma y que, en su opinión, les arrebató competencias a las autonomías, mientras que Bildu lo ha justificado por el viraje que percibe en el Gobierno al pactar con Ciudadanos y PP este decreto. "Así no", les ha avisado la portavoz de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua.
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado su abstención porque les habría gustado que el Gobierno negociara más con su partido y se ha quejado por las "formas" con las que el Ejecutivo se relaciona con partidos pequeños como el suyo.
Otros partidos que han apoyado el decreto han aprovechado el debate para exponer sus quejas o peticiones. Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha denunciado los "vicios de la legislación" que, en su opinión, no distingue entre grandes concentraciones urbanas y núcleos rurales. A menudo estos últimos se ven perjudicados por decisiones que se toman pensando en las grandes ciudades, como ha ocurrido en el caso de las restricciones impuestas para hacer frente a la epidemia de coronavirus.
El representante del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha avisado al Gobierno de que su apoyo al decreto no significa que su partido esté satisfecho con la relación que el Ejecutivo mantiene con esta autonomía.
Por Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero, ha alertado al Gobierno de que tiene "la credibilidad mermada" por su gestión de la epidemia, mientras que la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha exigido que se refuerce con "urgencia" el personal de Aena encargado de controlar a los viajeros que entran en España, con el fin de que los aeropuertos no se conviertan en "coladeros" de casos importados de coronavirus.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, encargado de defender el decreto, ha agradecido el apoyo de los grupos a un decreto que busca establecer medidas de prevención en esta nueva fase y dotarse de los instrumentos legales oportunos para garantizar una respuesta coordinada en todo el país frente a un virus que sigue al acecho.
En la pandemia el Estado se ha demostrado tan eficaz para limitar derechos como torpe para salvar vidas. La desconfianza hacia ese Estado, que ha dejado morir a miles de compatriotas, nos aboca a algunos simpatizar con el anarquismo en su versión pacífica
