VALÈNCIA. Después de muchas vueltas, el nuevo Pacte del Botànic ya es una realidad y el 'qué' ha tomado forma a través de los acuerdos consensuados por PSPV, Compromís y Unides Podem. Entre las nuevas promesas, aparecen desde nuevas leyes a refuerzos en departamentos, además de nuevos entes que seguirán sumando nuevos espacios desde los que dirigir las políticas de la Comunitat valenciana.
Dentro del eje 'Transición ecológica y lucha contra la emergencia climática' aparece, por ejemplo, una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, donde se incluye la puesta en marcha de una Agencia del Cambio Climático y un Fondo de Adaptación al Cambio Climático. En este marco, también se plantea el desarrollo de la Agencia Valenciana de la Energía -actualmente Ivace Energía- para el impulso de la producción y la distribución de la energía renovable.
Otros entes dentro de la transición ecológica son el Centro de Control de la Contaminación Atmosférica, para aglutinar la información de la red de vigilancia de la calidad del aire y de otros focos contaminadores, como el sonido. Dentro de la Estrategia Valenciana del Agua también se plantea la creación del Centro Valenciano de Ciclo Urbano del Agua para mejorar las redes de provisión actuales. Otras leyes son la de Economía Circular o la de Bienestar Animal, para abordar objetivos como el sacrificio cero o la adopción.
En el eje 'Feminismo, diversidad e Igualdad de trato', dentro de la estrategia de migraciones, se promete crear la Oficina Valenciana de Atención a Personas Refugiadas y solicitantes de asilo. También se plantea una nueva Ley de Igualdad para luchar contra la brecha salarial o fomento de la paridad y una Ley de Diversidad familiar y soporte a las familias.
En el eje tercero, dedicado a los servicios públicos, promete desarrollar la Ley para la función social de la vivienda con un mayor parque público dedicado al alquiler. También aseguran que gravarán a los grandes tenedores de viviendas vacías, especialmente a las entidades financieras e inmobiliarias, y que las mantengan desocupadas por un tiempo determinado sin causa justificada.
En el área sanitaria, y dentro de la estrategia para reducir las listas de espera, se encuentra la implantación de una Oficina de control de la demora, con capacidad de dirección, seguimiento y evaluación de los tiempos de espera de todos los departamentos. Otro acuerdo es la puesta en marcha de la Ley del Juego con programas específicos para la prevención de la ludopatía.
Dentro de esta estrategia por combatir la adicción apuntan al incremento del impuesto del juego y al destino de su recaudación a campañas de sensibilización y tratamiento de problemas de ludopatía. En materia de concesiones, en esta ocasión son prudentes, y el acuerdo recoge que trabajarán para la recuperación de los servicios públicos pero una vez finalice la concesión.
Otras nueva ley será la de Función Pública, con la intención de establecer un nuevo modelo funcionarial y en el ámbito de la administración local plantean la Ley de la Comarcalización Valenciana, para dotar de oficialidad a las comarcas y en la que Compromís puso un gran empeño en la pasada legislatura. Entre las leyes recuperadas también se encuentra la de coordinación de diputaciones provinciales, que no estuvo exenta de polémica la pasada legislatura.
En Educación, aparece una nueva ley valenciana de educación y formación y la puesta en marcha de un Instituto Valenciano de la Búsqueda y Estudios Avanzados para competir con igualdad con otros sistemas de investigación. En el ámbito cultural aparece una ley de la Música y un Museo del Diseño Valenciano.
En el eje de ocupación, modelo productivo e innovación, elaborarán una Ley Valenciana de Ocupación para estructurar el sistema de agentes e instituciones que intervienen en las políticas. También impulsarán una Ley de Organización de Agricultores y un Consejo Agrario Valenciano.
En el eje cinco, de calidad democrática y buen Gobierno, prometen reducir la barrera electoral y una ley de gobierno abierto que abra las puertas de la administración a la ciudadanía. También recogen la intención de desarrollar un Instituto de Memória Democrática. En la lucha contra la corrupción apuntan a un refuerzo de la Abogacía de la Generalitat con personal especializado con la finalidad de personarse en los casos de corrupción y la recuperación de los dineros robados.