Foto: AbengoaVALÈNCIA. El rescate de Abengoa por parte de la Generalitat Valenciana a cambio del traslado de su sede social a València ya está en marcha. Tras iniciar los contactos la pasada semana, la multinacional andaluza y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ya han constituido un equipo para analizar la viabilidad financiera de la operación y su encaje en el Fondo Valenciano de Resiliencia, el instrumento creado por el Consell para salvar a empresas valencianas consideradas estratégicas cuya supervivencia esté amenazada por la covid-19.
Esta herramienta, habilitada con carácter excepcional dentro del fondo Fininval y gestionada por el IVF, implica el desplazamiento de la sede social de esta multinacional tras la negativa de la Junta de Andalucía a comprometer 20 millones de euros en su salvación, ya que el Fondo de Resiliencia de la Generalitat está destinado a empresas valencianas.
Según explican a Valencia Plaza fuentes de la entidad que dirige Manuel Illueca, la negociación se desarrolla en dos planos. A saber: uno técnico, centrado en evaluar por parte del IVF la solvencia de Abenewco –la matriz de Abengoa– y el encaje jurídico de la operación; y otro político enfocado a concretar las contrapartidas que la Comunitat obtendrá con ese movimiento en forma de creación de empleo o inversiones en el territorio.
A pesar de los problemas por los que atraviesa Abengoa o de que el Gobierno Andaluz haya argumentado que carece de cobertura legal para dar una ayuda directa por ese montante, para el IVF el sentido de una operación como esta es la posible atracción de inversiones y la generación de empleo.
Abengoa, con tres reestructuraciones a sus espaldas y en situación de preconcurso, es una multinacional industrial con divisiones en sectores de la nueva economía que ofrecen potencialidades "interesantes". Por ello, el IVF considera que existen razones para valorar posibles oportunidades como esta, que solo se llevará a cabo "con informes que respalden la operación con todas las garantías".
Aunque el Fondo de Resiliencia solo cuenta inicialmente con 10 millones de euros de dotación y las necesidades de Abengoa están muy por encima de esa cantidad, el montante es ampliable en función de las urgencias que manifiesten las grandes empresas valencianas, explican desde el IVF en línea con lo anunciado por el propio conseller de Hacienda, Vicent Soler, cuando se presentó ese fondo.
Tampoco sería un problema, explican las mismas fuentes, que Fondo de Resiliencia se haya previsto para mercantiles no cotizadas porque este criterio puede modificarse o que Abengoa sea una compañía cuyas dificultades tienen su origen mucho antes de la covid.
Por ello, aunque ese fondo esté concebido para apoyar a las empresas valencianas en peligro por la pandemia, el hecho de que la multinacional haya recibido financiación de hasta 230 millones de euros avalada por el ICO al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias contra la Covid-19 avala el posible encaje de la ayuda valenciana.
En cualquier caso, Abenewco, la empresa propietaria del negocio con una participación minoritaria en Abengoa y que recibiría el auxilio en forma de deuda senior, tendría que acreditar que no estaba en crisis en 2019, tal y como ha establecido la UE.
En principio, el Fondo Valenciano de Resiliencia se creó para conceder ayudas compatibles con la nueva la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea con motivo de la covid. Dado que el Gobierno central, al amparo de esa modificación del Marco Temporal de ayudas, ha creado un fondo estatal para operaciones de más de 25 millones, la Generalitat creó un fondo propio para cubrir necesidades de financiación de las pymes mediante operaciones entre 500.000 euros y 25 millones.
Se trata de una herramienta "de último recurso" para compañías que hayan agotado todas las posibilidades para obtener financiación que ofrece el mercado privado.
Con todo, los accionistas minoritarios de Abengoa agrupados en la plataforma AbengoaShares remitieron este lunes un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para solicitar que intervenga ante la pretensión del consejo de administración de continuar con el plan de reestructuración pese a haber sido cesado el 17 de noviembre en la junta general extraordinaria de accionistas sin que se haya nombrado de momento un nuevo consejo.
De hecho, el interlocutor de Presidencia de la Generalitat y el IVF en los contactos que se abrieron la pasada semana fue el expresidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, en calidad de presidente de Abenewco 1, la sociedad cabecera de los negocios del grupo donde se traspasaron los principales activos y negocios en la anterior reestructuración de la firma.
Los accionistas minoritarios, que representan el 15% del capital social de Abengoa, recuerdan que el traslado de la sede social solo se puede acordar en la Junta General de Accionistas y que en los propios estatutos de la empresa fijan su sede social en Sevilla. Abengoa ha convocado una nueva Junta General para la elección de nuevo Consejo de Administración en cuyo orden del día no figura la votación del traslado de domicilio social.
En medio de la pelea por el gobierno de la empresa y en plena cuenta atrás para superar el preconcurso de acreedores que expira el próximo 18 de diciembre, el fracaso del plan de reestructuración de Abengoa podría ser la mayor quiebra industrial de una empresa española.
Abengoa SA se encuentra en causa de disolución desde el pasado 19 de mayo al contar con un patrimonio neto negativo de 388 millones de euros tras la valoración realizada por un experto independiente de la participación que tiene esta compañía de forma indirecta en Abengoa Abenewco1. Según la empresa, que en agosto se acogió al preconcurso para continuar negociando con sus acreedores, el deterioro de dicha participación ya registra los impactos previstos por la crisis de la covid-19.
