El IVO reclama a la Generalitat 27 millones por actuaciones que Sanidad no reconoce

VALÈNCIA. El contrato con el que en octubre de 2017 se cerró el conflicto entre la Conselleria de Sanidad Universal y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) continúa dando problemas tres años y medio después, prueba de que fue un acuerdo de acción concertada cogido con pinzas, intermediado por el presidente Ximo Puig para desbloquear la situación, que no gustó ni a la entonces consellera, Carmen Montón, ni al director general del IVO, Manuel Llombart.

El último episodio del desencuentro entre las dos partes proviene, como los anteriores, de la diferente interpretación del concierto por el que el IVO atiende a enfermos de cáncer derivados de la Sanidad pública. En este caso, por la facturación. La fundación que dirige Llombart reclama a Sanidad 27 millones de euros por actuaciones médicas que la Conselleria no reconoce como amparadas por el concierto. 

Para entender el problema, conviene recordar el enrevesado procedimiento de facturación. Según el contrato, el IVO comunica a la Conselleria todos los actos médicos realizados y el departamento que ahora dirige Ana Barceló debe validarlos. Una vez validados, la fundación emite las facturas y las envía a cada uno de los 24 departamentos de salud, según el que corresponda al paciente, donde las tienen que revisar. Una vez confirmadas, los departamentos remiten las facturas a la Conselleria de Hacienda, que realiza el pago.

La discrepancia está en la primera fase, ya que la Conselleria ha rechazado más del 12% del gasto comunicado por el IVO. Según las cuentas de la fundación, desde noviembre de 2017 hasta el pasado 28 de febrero la atención a pacientes oncológicos generó un coste de 229 millones de euros. De ellos, 171 millones han sido cobrados, 15 están validados y pendientes de cobrar y 16 están en la primera fase, pendientes de validar. El problema está en los 27 restantes, que Sanidad no ha validado y, por tanto, no tiene intención de pagar, según fuentes de este departamento.

Según fuentes del IVO consultadas por Valencia Plaza, el rechazo a estos actos médicos son por distintas razones, la mayoría muy técnicas pero algunas más fáciles de entender. Ponen como ejemplo el hecho de que Sanidad considere que es "no oncológica" una prueba negativa para comprobar si una persona con síntomas compatibles con el cáncer padece la enfermedad. Si sale negativa no es un paciente oncológico, pero la prueba se le ha hecho. Según las mismas fuentes, la discrepancia por este concepto asciende a 8,8 millones de euros.

Presidencia interviene

La cantidad corresponde a todo el período desde que el contrato entró en vigor, hace casi tres años y medio, y las discrepancias se mantienen sin que se vislumbre un acuerdo con el departamento que dirige Ana Barceló. Hasta hace cuatro meses la interlocutora en la Conselleria era Carmelina Pla, directora de Régimen Económico e Infraestructuras, pero a principios de diciembre de 2020 las competencias pasaron a la Subsecretaría, que desde septiembre estaba ocupada por Mónica Almiñana, mujer próxima a Carmen Montón que en la anterior legislatura fue gerente de La Fe hasta que Montón fue nombrada ministra.

Al igual que pasó en 2017 cuando se negociaba la renovación del concierto, Presidencia de la Generalitat ha tomado cartas en el asunto después de meses de tiras y aflojas y ante la posibilidad de que el IVO acabase presentando una demanda en los tribunales. Según aseguran fuentes de Presidencia a este diario, el asunto está en vías de solución.

Problemas desde el principio

El contrato de acción concertada provocó problemas prácticamente desde el momento de la firma. Los primeros encontronazos llegaron un mes después, cuando el departamento que dirigía Carmen Montón retrasó el pago de todas las facturas anteriores a la firma del contrato -el servicio se había seguido prestando durante la larga negociación- al cambiar unilateralmente el cambio de facturación. El IVO llevó a Sanidad a los tribunales y la solución no llegó hasta un año después y, una vez más, por intermediación de Presidencia de la Generalitat.

Ya con el nuevo contrato en vigor, la fundación que dirige Manuel Llombart arremetía contra Sanidad por "demorar" la llegada de pacientes su centro debido al protocolo establecido para derivar pacientes desde los centros públicos. Este protocolo impedía que, como ocurría antes, cualquier paciente que tuviera sospechas de tener un tumor pudiera presentarse directamente en el IVO, ya que antes tenía que acudir a su médico de cabecera.

En su informe sobre el ejercicio de 2017, la Sindicatura de Comptes recogía que se habían puesto de manifiesto "diferentes interpretaciones y/o procedimientos a seguir por parte de la Conselleria de Sanidad y el IVO respecto a la aplicación del acuerdo", controversia "relacionada con los procedimientos de acceso de los pacientes a las prestaciones asistenciales y su remisión previa por la Conselleria, el registro y remisión de los datos de los pacientes, la comunicación de datos, acceso a registros y publicidad institucional de la entidad concertada". El problema se suavizó a partir del verano de 2018 con la salida de Carmen Montón, nombrada ministra por Pedro Sánchez, y la entrada de Ana Barceló.

En el mismo informe, el Síndic de Comptes criticaba el propio acuerdo, que tenía un presupuesto de 138,75 millones de euros para los primero tres años, superado con creces, según se ha visto. Según criticaba el organismo que dirige Vicent Cucarella, "se desconocen los parámetros que se han tomado en consideración para cuantificar dicha estimación". Además, "en el expediente no consta la información necesaria a fin de determinar el coste real de la acción concertada ni su relación con los importes de las tasas o con la reducción del 15%, a fin de comprobar que las tarifas máximas o los módulos retribuirán como máximo los costes de las prestaciones, sin incluir el beneficio industrial".