El PP amplía la denuncia de la gestión de À Punt y aviva la presión sobre Empar Marco

VALÈNCIA. Más quebraderos de cabeza para los gestores de À Punt. La secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz, anunció este miércoles que su formación presentará una ampliación de la denuncia que ya registraron en diciembre de 2018 por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en À Punt tras tener conocimiento de que la Intervención de la Generalitat habría detectado un fraccionamiento en 14 contratos menores que deberían haber sido objeto de un mismo contrato mediante licitación pública.

Pero más allá de la resolución que dicten los juzgados, la maniobra no hace más que aumentar la presión sobre la gestión de la directora del ente, Empar Marco, en una semana en la que tanto la última resolución del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) sobre su propuesta de programación de otoño y la no validación de las cuentas de 2018, junto al citado informe de la Intervención la han situado en el ojo del huracán. 

En este sentido, cabe recordar que el jueves pasado la directora general de la CVMC presentó una propuesta de programación para la temporada de otoño a los consejeros de la nueva radiotelevisión valenciana para que dieran su visto bueno. Sin embargo, el proyecto de parrilla no fue validado por el órgano directivo por, según fuentes presentes en la reunión, diversos motivos: "Escasa información"; "Falta tiempo para estudiar la propuesta y fijar una opinión al respecto"; e incluso "disconformidad" con que algunos programas "de calidad que funcionaban bien" vayan a desaparecer de la parrilla. 

Con todo, la votación sobre esta cuestión se pospuso y deberá volver a abordarse en la próxima reunión del Consejo prevista para este viernes. No obstante, no fue el único escollo que surgió en esa cita. Las cuentas del ejercicio anterior de À Punt tampoco pudieron aprobarse a pesar de estar contemplado este punto en el orden del día. El motivo del conflicto radica en que el informe de auditoría reclama al ente que devuelva a la Generalitat Valenciana los 9,2 millones de euros que no fueron ejecutados el año pasado. Sin embargo, el órgano que preside Enrique Soriano es partidario de no hacerlo ahora, sino que este dinero se descuente de los fondos del año que viene. Un escenario al que la Generalitat, titular del servicio público, se niega. 

Ingresos por publicidad

A este enredo contable, se suma que la radiotelevisión valenciana no ha tenido unos ingresos óptimos por publicidad desde que comenzó las emisiones -no alcanzan el millón de euros y por tanto no suponen más del 25% que exige la ley de creación de la CVMC-, por lo que la situación económica de À Punt es sumamente delicada y pone en el punto de mira tanto a la directora como a los miembros del Consejo Rector. No en vano, el artículo 19 de la ley de creación del Servicio Público de Radiodifusión contempla éste como uno de los casos por los que se les podría cesar. 

"Todos los miembros del Consejo Rector cesarán en el caso de que la liquidación del presupuesto anual de la Corporación determine la existencia de un déficit del resultado presupuestado con una desviación igual o superior al 10% de la compensación otorgada para la prestación del servicio público, o una disminución de más del 25% de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual de la Corporación", especifica la normativa. 

Sin embargo, para que esto se produjera debería ser la comisión de RTVV y del Espacio Audiovisual de Les Corts Valencianes la que propusiera los ceses de los miembros del Consejo Rector, votarlo y, posteriormente, ratificarse la decisión en un pleno en el Parlamento. Una situación que los propios consejeros ven improbable y que, de momento, los grupos parlamentarios del Botànic no contemplan. 

Ahora bien, en caso de avanzar en este sentido las destituciones no se producirían hasta el próximo mes de octubre, ya que en julio no hay convocadas comisiones, el mes de agosto es inhábil y en septiembre tan solo están previstos plenos para comparecencias de consellers, pero no ordinarios en los que poder introducir este tipo de cuestiones. Aún con todo, este viernes el Consejo Rector volverá a reunirse para abordar de nuevo el balance económico de À Punt de 2018 y tratar de aprobarlo. Aunque esto suponga hacerlo ya en tiempo de descuento.