El PSPV acusa al alcalde de Villamalur de anular los empadronamientos que Fiscalía consideró legales

CASTELLÓ. El PSPV de Villalmur ha acusado al alcalde de la localidad, Juan Bautista Gimeno, de "dar de baja los empadronamientos de vecinos que la propia fiscalía consideró legales". Tal y como indica el partido socialista, Gimeno está investigado por delito electoral y prevaricación por el retraso en el empadronamiento de 43 vecinos que impidió la posibilidad de ejercer su voto en las elecciones municipales de Villamalur. Juan Miguel Salvador denuncia, desde la Comissió Executiva Provincial del PSPV, que el alcalde "ha vuelto ahora a la carga y ha iniciado la notificación para dar de baja de oficio a 26 de estos empadronamientos".

Según indica el PSPV, se trata de unos empadronamientos que, en la notificación de alcaldía se califica de "inscripción indebida", pero que la misma Fiscalía avaló considerándolos legales, a raíz de una denuncia interpuesta por el PP y que fue archivada. Tras el archivo de esta denuncia, en junio de 2019, los vecinos afectados denunciaron ante la Fiscalía que, pese haber solicitado la inscripción en el padrón de habitantes de Villamalur en fecha 9, 16 y 23 de enero de 2019, junto con la documentación acreditativa de que residían allí o eran propietarios de viviendas, la inscripción se hizo efectiva el 6 y 20 de febrero de 2019, fecha que ya excedía el plazo de empadronamiento para las elecciones, lo que impidió que pudieran votar en Villamalur.

Salvador ha criticado esta "lamentable actitud del investigado alcalde del PP y que no es más que otro ejemplo de esa gestión caciquil al que nos tiene acostumbrados". Además, ha recordado que esta no es la primera vez que Gimeno intenta dar de baja a estos vecinos ya que, después de las elecciones nacionales, "iniciaron una campaña para desempadronar a varios vecinos de manera unilateral, y estos tuvieron que alegar y no consiguieron darlos de baja".

"Lo que están haciendo es un claro caso de acoso a los vecinos por no ser amigos ni votantes del Partido Popular, y así lo han manifestado alguno de ellos con pancartas en los balcones. Pese a que la primera vez que lo intentaron no consiguieron dar de baja los empadronamientos que la Fiscalía dijo que eran legales, ahora vuelven a la carga y a utilizar el pueblo como si fuera de ellos, faltando a las reglas democráticas", señala Salvador.

El PSPV recuerda a través de un comunicado que fue en 2019 cuando "varios vecinos de la localidad que no estaban empadronados decidieron inscribirse en el censo para participar en la vida social y política del pueblo, a raíz del malestar que había en la población ante la incapacidad de quienes gobernaban durante treinta años". "Se censaron en tiempo y forma pero la inscripción se retrasó a después del plazo establecido para las elecciones, evitando así su participación en los comicios municipales. La Fiscalía les dio la razón y avaló los empadronamientos, además de contar con un informe del consejo jurídico de la Diputación de Castelló y un informe de la propia secretaria del ayuntamiento que también avalaron que los empadronamientos se hicieron en tiempo y forma" aseguran.