El president de la Generalitat, Ximo Puig, habla con la síndica del PPCV, Isabel Bonig. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los partidos que integran el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- registraron el jueves pasado una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020 para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para las empresas familiares. Una iniciativa con la que se daba respuesta a la promesa realizada por el president de la Generalitat, Ximo Puig, a los empresarios en plena campaña electoral de las autonómicas de abril.
Ahora bien, la enmienda tan solo recogía la bonificación para aquellas empresas con menos de 10 millones de facturación y que ya disfrutaban de la rebaja del 95% cuando tenía lugar la transmisión del negocio. De esta forma, el redactado cumplía solo a medias las demandas de la Asociación de Empresas Familiares de Alicante (AEFA) y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), que reivindicaban que la reducción de la base imponible del 95% al 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se hiciera extensiva a cualquier empresa familiar independientemente del tamaño de facturación que tuvieran con la intención de facilitar el relevo generacional.
Un matiz que los grupos del Botànic II no contemplaron en su enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y que los socialistas atribuyeron este martes a un "error". El portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, explicó en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics que la pretensión de su partido era ampliar el porcentaje de bonificación "a todas las empresas"; esto es, sin tener en cuenta su cifra de negocio. El error estuvo en que, a pesar de que cambiaron los porcentajes de la base imponible "no se eliminó la referencia a que esto afectara únicamente a empresas de menor facturación".
Ahora, la intención del partido de Puig es tratar de recuperar su propósito inicial. Sin embargo, Compromís y Unides Podem no están dispuestos a cambiar el redactado de esta enmienda original para ampliar el número de beneficiarios. Una enmienda que fue redactada por los socialistas, concretamente por la conselleria que dirige Vicent Soler, y que sus socios aceptaron precisamente porque el beneficio fiscal se limitaba a las pequeñas empresas, según explican fuentes de Compromís.
El portavoz de los socialistas en Les Corts, Manolo Mata, manifestó que intentará que se apruebe "la exención del 99% a todas las empresas por una vía o por otra". Una afirmación que podría traducirse en una "enmienda transaccional o de aproximación con otro grupo parlamentario", según admitió el mismo síndic. "Otro grupo parlamentario" que, cabe señalar, no podrá ser otro que PP o Ciudadanos dado el escenario actual.
Esto es porque para presentar una enmienda transaccional o de aproximación a una ley, el Reglamento de Les Corts fija que debe hacerse a partir de una enmienda ya presentada al texto legal y los únicos partidos que lo han hecho, además de los del Botànic en su enmienda conjunta, son PP y Ciudadanos.
Concretamente, populares y naranjas han registrado enmiendas sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para eliminarlo completamente, por lo que, con estos mimbres, los socialistas tendrán que buscar la solución a este "error" en el grupo que lidera Isabel Bonig o en el comandado por Toni Cantó.
Con todo, ante el rechazo de los valencianistas y morados a cambiar su texto consensuado atendiendo a una "corrección de errores", el PSPV sólo tendrá opción de pactar con el PPCV o con Ciudadanos un texto alternativo intermedio al que presentaron los dos grupos. Los socialistas quieren que la bonificación sea del 99% para todas las empresas -Compromís y Unides Podem, sólo para aquellas que facturen menos de 10 millones de euros-, mientras que los naranjas y populares pretenden que ésta sea del 100% para que desaparezca el impuesto. Un escenario en el que tanto el grupo liderado por Mata como el que dirige Bonig o Cantó podrían alcanzar un acuerdo redactando un texto intermedio.
De momento, la líder del PP en la autonomía admitió este martes a preguntas de Valencia Plaza que está dispuesta a negociar con los socialistas una rebaja de sus pretensiones en una enmienda que estaba condenada al rechazo del tripartito. Si ambos partidos alcanzaran un acuerdo, el rédito para Bonig sería doble: por una parte, lograría dividir a los partidos del Botànic II en una votación, pues Compromís y Unides Podem no apoyarían la nueva enmienda, y por otra, la popular podría arrogarse la victoria de haber conseguido la mayor bonificación de este impuesto que podría alcanzarse en esta legislatura. No en vano, aunque sus pretensiones iniciales fueran eliminarlo, el PSPV no estaría dispuesto a ello. Así pues, una bonificación del 99% para todas las empresas sería el cambio más ambicioso al que aspiraría la presidenta regional del Partido Popular.
El Reglamento de Les Corts establece que los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas transaccionales o de aproximación tanto en comisión como en el mismo pleno parlamentario, pero en ambos casos deben apoyarse en una enmienda ya presentada -la que se quiere modificar-. En comisión, la normativa fija en su artículo 121.4 que la Mesa "podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en ese momento por escrito por un miembro de la comisión, siempre que tiendan a conseguir un acuerdo por aproximación entre la enmienda o enmiendas ya formuladas y el texto del proyecto".
Es decir, el PSPV podría aprovechar la enmienda registrada por el PP a la Ley de Acompañamiento de 2020 para que funcionara de "base" sobre la que realizar los cambios deseados siempre y cuando ambos grupos llegaran a un pacto sobre su redactado. El nuevo texto debería ser firmado por los populares, que serían los proponentes de la enmienda inicial. Los socialistas no podrían utilizar su propia enmienda -la firmada por el Botànic- porque va firmada también por Compromís y Unides Podem y ninguno de estos dos grupos quiere modificarla, por lo que PP o Cs son la "solución" para el grupo de Mata.
En caso de que el pacto no se consiguiera en comisión y llegara el debate a un pleno parlamentario, el trámite que marca el artículo 125.5 sería similar: "Durante el debate, la Presidencia podrá admitir a trámite enmiendas de transacción entre las ya presentadas y mantenidas y el texto del dictamen".
En medio de todo este embrollo, conviene recordar que ya en septiembre PSPV y Compromís tuvieron un desencuentro en la Conselleria de Hacienda precisamente por esta medida cuando redactaron la Ley de Acompañamiento. Los socialistas intentaron que estos beneficios fiscales quedaran plasmados ya en el proyecto de ley que partiera del Gobierno valenciano que en los siguientes días debía salir a exposición pública. Sin embargo, la UTE electoral integrada por Bloc, Iniciativa y VerdsEquo era reticente a regular estas exenciones en plena tormenta de los ajustes que debía acometer el Botànic II en el Presupuesto de 2019. La falta de entendimiento hizo que el Consell dejara en manos de sus grupos parlamentarios el debate sobre incluir o no esta medida en la ley durante el trámite de enmiendas.
