Personal sanitario equipándose en la UCI del Hospital Clínico de València. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. El 'síndic major' de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, ha advertido este miércoles del alto nivel de temporalidad de la sanidad pública valenciana, hasta un 61% en el año anterior a la pandemia, y ha prometido fiscalizar "con mucha conciencia" todos los contratos de emergencia realizados por la Generalitat en 2020 para la compra de material sanitario.
Así lo ha trasladado a los periodistas tras entregar en Les Corts la memoria de 2019 de la Sindicatura de Comptes, mientras la fiscalización de este año en el ámbito sanitario tendrá que esperar por la situación de los hospitales.
Una de las conclusiones es la temporalidad "muy elevada" en el personal dependiente de la Conselleria de Sanidad, hasta representar el 61,1% del total y acumular un aumento de más de 20 puntos en el periodo 2012-2019. El Síndic ha reconocido la convocatoria de las oposiciones correspondientes a los últimos años, pero ha alertado que se están demorando y esto "dispara" la ratio de trabajadores temporales.
A su juicio, la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de que Sanidad realice una planificación estratégica de todos sus recursos humanos: "Ahora nos damos cuenta de la importancia de tener un personal en las condiciones adecuadas y con buenos medios".
También ha augurado que los contratos de emergencia serán una de las cuestiones que deberá fiscalizar "con mucha conciencia" en el análisis de 2020. "En muchos casos sí se cumplen los requisitos porque la pandemia se nos ha echado encima", ha constatado.
Más allá de sanidad, el Síndic ha alertado que la Generalitat tiene una provisión insuficiente de personal "para todo lo que se espera" con el reconocimiento de la carrera profesional y la conversión de interinos en personal estatutario. La auditoría recoge que los gastos de personal en general están de acuerdo con el marco normativo, con algunas excepciones, y que en 2019 estaban infravaloradas en 122,8 millones de euros.
Otra de sus advertencias es que el año pasado se detectaron algunos incumplimientos "reincidentes" en contratación, como la falta de justificación en la elección de los criterios, la ausencia de documentación, el incumplimiento de requisitos para la tramitación de urgencia o emergencia o que la fórmula matemática utilizada no daba la importancia correspondiente al criterio económico.
El Síndic también ha puesto el foco en las compras directas de material sanitario o farmacéutico que "no llegan ni a tener un expediente" y ha recomendado que se agrupen para que sean más transparentes y competitivas. "Hay indicios de que tanta compra individual podría suponer un fraccionamiento de contratos", ha resaltado, algo que recoge la memoria junto a los pagos de estos productos fuera de plazo.
En el ámbito financiero, entre las excepciones incluidas en el balance de 2019 destaca la de que quedan 37 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o en trámite de las concesiones sanitarias del "modelo Alzira", el departamento de La Ribera (Valencia) que pasó a gestión pública en 2018. Por tanto, "no es posible determinar los efectos" que tendría la reversión en la cuenta de la Generalitat.
Sindicatura tampoco pudo comprobar que la propuesta del acta definitiva de recepción de los bienes y servicios afectados a la concesión del servicio público de La Ribera fuera aprobada por el órgano competente y fiscalizada por la Intervenció de la Generalitat. Esto supone que "no consta que la reversión haya sido realizada de conformidad y a satisfacción de la administración".
