Rubén Martínez Dalmau. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes considera que el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, debe hacer pública la puntuación en la que se basó para adjudicar las ayudas del programa Reconstruïm pobles a 70 municipios en 2020. Como publicó en exclusiva, Valencia Plaza, Dalmau eligió a dedo algunos pueblos beneficiarios cuyos proyectos, según la clasificación realizada por los técnicos de la Conselleria, no estaban entre los 70 que más se ajustaban a los criterios de selección anunciados. El conseller lo negó pero rechazó hacer pública la baremación.
A raíz de una queja formulada por la diputada de Ciudadanos Mamen Peris, el Síndic de Greuges ha publicado una resolución en la que "recomienda" a la Conselleria de Vivienda que publique "las puntuaciones otorgadas a cada una de las actuaciones urbanas remitidas por los municipios de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de conocer las razones que justifican los proyectos seleccionados, los concretos importes de las subvenciones concedidas y las actuaciones rechazadas".
Según argumenta Ángel Luna, "esta información debe ser publicada para justificar la decisión de la Conselleria y descartar cualquier atisbo de arbitrariedad. Se trata de una información pública que es muy relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública".
Esa falta de transparencia había sido denunciada en Les Corts por Ciudadanos, cuyo síndic, Toni Cantó, conminó a la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo, a "fiscalizar" a su compañero de gobierno y de coalición. Hasta PSPV y Compromís pidieron a Vicepresidencia Segunda que se publicara la baremación, sin éxito -Vivienda afirmó que no existe como tal-, por lo que el portavoz de Ciudadanos instó a la consellera de Transparencia a que "haga su trabajo". Al mismo tiempo, Mamen Peris decidió poner una queja en la Sindicatura de Greuges.
Esta institución pidió información al departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau, que explicó que Reconstruïm pobles era un programa de "ayudas de concesión directa" al que no le era aplicable la normativa sobre subvenciones mediante concurrencia competitiva. No obstante, reconocía que junto a las condiciones que debía reunir un proyecto y a las líneas prioritarias a las que orientar las actuaciones, había una ponderación basada en "criterios de distribución y equidad territorial, priorizando actuaciones en municipios de las zonas más empobrecidas".
Basándose en estos criterios, se hizo una clasificación de los proyectos que, según la Conselleria, "no puede calificarse de una baremación en sentido estricto, al no estar recogida en unas bases de concurrencia previamente establecidas".
Según razona el Síndic, en el informe que pidió al respecto a la Conselleria de Vivienda se afirma que "(…) a nivel interno (…) se analizaron las memorias presentadas en función del número de líneas señaladas como prioritarias en el citado anexo que se manifiestan en cada propuesta (…)". Por ello, la institución que dirige Ángel Luna considera que, si se analizaron las memorias presentadas por los municipios y se calificaron las actuaciones o proyectos urbanos para decidir cuáles se subvencionaban y cuáles no, esta información debe ser publicada para justificar la decisión de la Conselleria y descartar cualquier atisbo de arbitrariedad".
Añade Luna que "en el caso planteado en esta queja, la selección de actuaciones urbanas efectuada por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática adolece de una evidente falta de motivación, puesto que, al no haberse publicado las puntuaciones otorgadas a cada una de las actuaciones urbanas remitidas por los municipios de la Comunidad Valenciana, resulta imposible conocer las razones que justifican los proyectos seleccionados y los concretos importes de las subvenciones concedidas".
La diputada Mamen Peris mostró este martes su alegría al conocer el Síndic tiene en este asunto "la misma posición" que Ciudadanos. "Queremos conocer esas baremaciones técnicas, porque las políticas ya las conocemos y queremos saber si Dalmau hace política bajo criterios objetivos, no arbitrarios, o hace una política de dedazos, decisiones caciquiles y clientelismo", manifestó, consultada por este periódico.
"No entendemos en estos momentos qué miedo tiene Dalmau a publicar estos datos. Tenemos una Conselleria de Transparencia y otra de Vivienda y no entenderíamos que esta nueva política consistiera en ocultar datos tan importantes que la ciudadanía tiene derecho a conocer, estamos hablando de más de 15 millones de euros", añadió.
