El Síndic llevará a Fiscalía a los representantes públicos que no faciliten información

VALÈNCIA (EP) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha anunciado este martes que llevará a Fiscalía el comportamiento de los alcaldes y representantes públicos que no facilitan la información que les solicita, al igual que hacen instituciones homólogas en otras comunidades autónomas.

"No es posible que crean que tienen el privilegio de que la información es suya. Recurriremos y buscaremos la inhabilitación", ha aseverado en la comisión de peticiones de Les Corts. Luna ha puesto como ejemplo una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Ávila que condena a un alcalde a más de un año de inhabilitación por no responder a un requerimiento.

Como balance de la memoria de 2018, ya presentada, el Síndic ha alertado sobre la situación de los jóvenes extutelados por la Generalitat, lamentando que "cuando cumplen 18 años, suelen recibir el regalo de ponerles en la calle". "Hasta los 18 están atendidos y alimentados, y después les dicen: 'tú vida es tuya, arréglate como puedas", ha subrayado, con lo que cree que "queda mucho por hacer".

También ha advertido que la Comunitat sigue "sin una estrategia valenciana de infancia y adolescencia", a pesar de que la Conselleria de Igualdad se comprometió en 2017 a implantarla tras abrirle una queja de oficio. "Faltan protocolos para la atención de los menores a todos los niveles", ha aseverado, ya que la declaración de riesgo corresponde a los ayuntamientos y la de desamparo a la Generalitat.

Otra cuestión que "preocupa especialmente" al Síndic son las reclamaciones por ayudas de dependencia o 'Renta valenciana de inclusión', ya que "el funcionamiento se ha complicado de tal manera que no se sabe qué institución es la responsable: si la Conselleria de Igualdad o los ayuntamientos".

El órgano consultivo "se enfrenta a una situación en la que Igualdad delega actuaciones en los ayuntamientos y estos dicen que no medios suficientes". "No sabemos de quién es la culpa, pero sí que hay ciudadanos que tienen derecho a recibir las ayudas en seis meses y pasan dos años", ha recalcado Luna.

Ha puesto como ejemplo una "noticia tremenda" en Alicante que publica 'Información': "A un ciudadano que acude ahora a los servicios sociales por cualquier problema le dan cita para noviembre porque el Ayuntamiento tuvo que despedir a 70 personas cuando acabó 2019". Esto refleja, a su juicio, que las ayudas de la Generalitat "llegan cuando prácticamente ha pasado la mitad del año".

En el mismo ámbito, ha denunciado los retrasos "inaceptables" en las declaraciones de discapacidad, "cercanos a dos años en muchos casos, con todo lo que supone para los ciudadanos que no pueden acceder a instituciones y ayudas" sin este reconocimiento. Ha puntualizado, tanto en este caso como en dependencia, que no pretende entrar en una "guerra de cifras" con el departamento de Mónica Oltra.

Sí ha insistido en que su "obligación moral" es atender a los más vulnerables, especialmente menores y víctimas de violencia machista, un problema que "no es un invento de nadie" y ante el que ha prometido "no cerrar los ojos". Ha replicado a Vox que no recibió en 2018 ninguna queja de "hombres maltratados", garantizado que las atenderá si se presentan "exactamente igual que con las mujeres".

También ha rechazado el término 'menas' (menores no acompañados) y ha reivindicado que no luchar por la infancia "es ponerse una venda en los ojos". Como una de sus últimas actuaciones, ha destacado que este mismo martes ha abierto una queja de oficio por el punto de encuentro familiar de Gandia (Valencia), ante la intención del Ayuntamiento de trasladarlo a unas instalaciones que "no reúnen las condiciones".

De cara a 2020, Luna se ha comprometido a trabajar por una buena administración como un derecho recogido en el Estatut d'Autonomia. La Generalitat aprobó en 2016 la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana que establece el silencio administrativo de carácter positivo y "no se aplica por culpa del Consell y de los diputados de Les Corts". "Sin una administración correcta, el poder solo se ejerce de forma arbitraria", ha enfatizado.

Otro de sus objetivos es "convencer a quienes dudan de la conveniencia de la propia institución", una postura que ha defendido el grupo de Vox y por lo que ha invitado a conocer la sede en Alicante. "El Síndic es útil para quien tiene que serlo: los valencianos", ha reivindicado, si bien "no puede ser equidistante porque solo llega la imagen negativa". Y ha recalcado: "La Sindicatura es una institución molesta; si no fuera así, sería un problema".

Frente a las críticas de la oposición, Luna ha hecho hincapié en que es una institución "absolutamente independiente que no recibe instrucciones de nadie". También ha destacado la reducción significativa de las reclamaciones, una tendencia que aumentará en 2019 al agrupar quejas sobre una misma cuestión, aunque ha remarcado que no se ocultarán. Y se ha comprometido a promocionar la institución en Castellón ante el bajo número de quejas en esta provincia.

Racionalización de horarios

Por otro lado, el parlamento valenciano ha dado luz verde a la comisión especial de estudio sobre los usos de tiempo. Estará presidida por Nathalie Torres (Compromís), con José Antonio Martínez (Ciudadanos) como vicepresidente y Cristina Cabedo (Compromís) como secretaria, según han acordado los diputados en la sesión constitutiva.

Este órgano fue una iniciativa de Compromís para trabajar por unos horarios más "saludables" y una nueva cultura del tiempo, mediante medidas basadas en una racionalización de los horarios desde una perspectiva de género. La coalición advertía que en España hay dos horas de desfase respecto al resto de países europeos, con "consecuencias fundamentales en las curas familiares, el ocio, el compromiso cívico y, evidentemente, la salud".