Arturo Torró. Foto: ÀLEX OLTRAGANDIA. El Tribunal de Cuentas se ha adelantado a la jurisdicción penal en el caso de Tele 7 y ha estimado parcialmente las demandas de responsabilidad contable interpuestas por el Ayuntamiento de Gandia y por el Ministerio Fiscal contra el exalcalde de la ciudad Arturo Torró, quien deberá abonar la cantidad de 283.125 euros (más intereses legales). Así lo establece la sentencia del Tribunal de Cuentas, que absuelve a quien fue su gerente en la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) Gonzalo Morant, al considerar prescrita su posible responsabilidad.
Con esta sentencia y al absolver a Gonzalo Morant, el Tribunal de Cuentas considera a Arturo Torró como máximo responsable contable de la transferencia efectuada en 2015 desde IPG a la empresa Comarques Centrals Televisió y cuyo importe total era de 480.000 euros. Según el texto del juez, la firma del acuerdo de resolución del contrato realizada por Arturo Torró es la que produjo un perjuicio económico en los fondos de IPG y, una vez disuelta y liquidada la empresa pública, en los del Ayuntamiento de Gandia. Sin embargo, al considerar el juez que 196.875 euros respondían al abono de facturas pendientes correspondientes al ejercicio 2012, Arturo Torró deberá abonar el resto del importe, 283.125 euros.
La sentencia es recurrible, pero en caso de adquirir firmeza, deberá ejecutarse al margen de lo que digan los tribunales sobre la responsabilidad penal de Torró y otros imputados, es decir, de si hubo delito en el pago irregular a esta empresa. Así, el exalcalde deberá abonar esa cantidad, pues de no efectuar el pago al Ayuntamiento no podría trabajar en la administración pública o presentarse a unas elecciones, posibilidad que alguna vez ha insinuado quien fue alcalde de Gandia por el PP entre 2011 y 2015.
Paralelamente, cabe recordar que el juzgado de Instrucción número 3 de Gandia acordó, por medio del Ministerio Fiscal, la apertura de juicio oral ante Audiencia Provincial contra Arturo Torró y Ricardo Manuel Faura, exadministrador de Comarques Centrals Televisió. La Fiscalía les acusa de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública. A ambos les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública, en unos hechos que se remontan a 2012, durante la legislatura del PP en Gandia (2011-2015).
En esta causa, la Fiscalía solicita ocho años de prisión para cada uno, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la inhabilitación absoluta durante veinte años años, y el abono de las costas procesales. Junto al presidente del Partido Popular en Gandia y Ricardo Manuel Faura, están citados, los ediles populares Javier Reig, José Vicente Codina, Antonio Abad, Josep Lluís Gimenez y Cristina Serrano, ex asesora del departamento de economía y hacienda del consistorio. Además, también está dirigida la acusación contra Comarques Centrals Televisió como responsable civil subsidiaria.
De ahí que la sentencia del Tribunal de las Cuentas exprese que, al estar el caso Tele 7 también en un procedimiento penal, en caso de que finalizara con una sentencia condenatoria que imponga la responsabilidad civil a los condenados, la ejecución de ambas sentencias se deberá realizar de forma coordinada, en aras de evitar un doble resarcimiento del daño causado y que se produzca un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento de Gandia.
Para el actual Gobierno de Gandia ese pago no tenía justificación alguna, de ahí que iniciara el proceso judicial. Fuentes del consistorio han señalado que estudiarán la posibilidad de recurrir la sentencia para que el abono del importante sea total. Es decir, para que el Ayuntamiento ingrese los 480.000 euros.
