CASTELLÓ. La presidenta del Consejo de Administración de la Residencia Municipal de Personas Mayores y Dependientes de Almassora, Diana Belliure, ha presentado este lunes ante la junta general de accionistas el balance económico del ejercicio de 2018. Las cifras evidencian la correcta la gestión de recursos para la cobertura de gastos y, por lo tanto, el resultado final ha dejado un superávit de 259,86 euros, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado.
La aportación municipal ha sido la más alta de los últimos seis ejercicios y ha ascendido a 175.074 euros. Con estos fondos, el centro ha podido cubrir las necesidades de personal derivadas de bajas o vacaciones, así como ampliar las jornadas de cuatro profesionales en los departamentos de cocina y limpieza, administración y atención sanitaria.
La residencia también ha aplicado los incrementos salarias del 1,5% y 1,75% previstos por los Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos. En total, el apartado de personal ha ascendido a 1.199.053,05 euros, un cifra que para Belliure refleja “el gran esfuerzo que hemos hecho en los últimos tiempos para dotar al centro de los recursos humanos necesarios para mejorar la atención a los usuarios y a las familias y para mejorar las condiciones laborales de la plantilla”.
Asimismo, durante el ejercicio de 2018, la residencia de Almassora abrió cinco bolsas de empleo, que se suman a las dos abiertas en los dos años previos y a la bolsa para fisioterapetuas convocada a principios de 2019. De este modo el centro cumple con el objetivo de recuperar la plantilla previa a los recortes económicos que se iniciaron en 2011.
Adicionalmente, la residencia municipal de Almassora cuenta para su financiación con un subvención de la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas que en 2018 ascendió a 1.230.240 euros. En total, el centro cuenta dispone de 56 plazas para usuarios internos y con otras 15 de centro de día, que en este momento están cubiertas el 100%.
En los últimos meses el centro ha regulado la contratación los suministros de electricidad y gas a petición del interventor municipal. Gracias a la adhesión al convenio de al Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) la residencia ha podido cumplir con la normativa sin necesidad de sacar a licitación pública estas contrataciones.
