El conseller de Hacienda, uno de los posibles afectados por el Impuesto de Patrimonio

VALÈNCIA. PSPV, Compromís y Unides Podem firmaron conjuntamente la pasada semana una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021 a instancias de los morados que modificaba el Impuesto de Patrimonio. El texto presentado, en concreto, baja la exención para pagar este gravamen de 600.000 euros a 500.000 euros, lo que implica que gente que hasta ahora no pagaba, ahora sí deberá hacerlo. 

Entre ellos, podría encontrarse precisamente el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Según consta en su declaración de bienes en el Portal de Transparencia de la Generalitat, el responsable de Hacienda suma un patrimonio total de 551.054 euros por cinco viviendas, acciones en varias empresas y entidades bancarias, planes de pensiones, depósitos y fondos de inversión. 

Una circunstancia que, con el cambio normativo a partir de enero -ya que la enmienda saldrá adelante sin complicaciones porque los tres grupos suman la mayoría requerida-, podría suponer que el conseller no pagara impuesto de Patrimonio hasta el momento y ahora deba hacerlo. No obstante, cabe apuntar que a esta suma habría que restarle el valor de su vivienda habitual, ya que esta se encuentra exenta por ley, por lo que la cuantía total de su patrimonio podría verse reducida. Preguntado por este periódico, Soler confirmó que hasta ahora no ha tenido que declarar al no alcanzar el límite actual, que son 600.000 euros, y sobre si deberá hacerlo ahora señaló que tiene que estudiarlo con su asesora fiscal. 

En caso afirmativo, Soler se sumaría a los tres consellers que ya pagaban este tipo de impuesto en el Gobierno valenciano: los dos representantes de Unides Podem y una consellera a propuesta del PSPV. El primero en el ranking es el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, que según consta en su declaración de bienes, suma un patrimonio de 1.374.102 euros. 

Unos bienes provenientes de cuatro viviendas (tres en Alicante y una en Valencia), la más cara con un valor catastral de 376.100 euros; dos "inmuebles urbanos" en Alicante cuyo valor son de 644.300 euros uno y 104.606 euros otro. En total, las propiedades suman 1.341.615 euros. Los 30.000 euros restantes los suman depósitos en cuentas bancarias, joyas, antigüedades o vehículos, dos hipotecas y participaciones en sociedades. 

Si se le restara la vivienda más cara que consta en su declaración de bienes, suponiendo que es esa la habitual, su fortuna aún sería de 998.002 euros, por lo que ya pagaba este impuesto antes del cambio acordado por el Botànic. 

La segunda sería la consellera de Innovación y Universidades, Carolina Pascual, cuyo patrimonio es de 901.913 euros por el valor catastral de dos viviendas, dos inmuebles urbanos y un local en Alicante, así como vehículos y fondos de inversión. Sin embargo, la cuantía total la aportan los depósitos en cuentas corrientes, que suman 631.651 euros. 

En caso de disminuir de su patrimonio la vivienda de mayor valor, su capital sería de 837.679 euros, por lo que, también como el conseller Dalmau, debería ser una de las miembros del Gobierno valenciano que ya pagaba este impuesto. 

Por último, la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo, cuenta con una larga lista de propiedades, desde viviendas, hasta garajes, locales, inmuebles rústicos y "otros inmuebles urbanos". Junto a sus depósitos bancarios suma un patrimonio de 705.499 euros, a los que si se restara la vivienda más cara -suponiendo que fuera la habitual- rebajaría sus bienes a 651.641 euros. Una circunstancia que la convierte, junto a Pascual y Dalmau, en la tercera consellera que ya pagaba impuesto de Patrimonio. 

El resto de consellers del Botànic II, según consta en el Portal de Transparencia de la Generalitat, no alcanzan el mínimo exento en este impuesto.