MADRID (EFE/Sara Muñoz). El rigor de los peritos judiciales cedidos por el Banco de España al caso por la salida a Bolsa de Bankia ha marcado la primera semana de la prueba conjunta, en la que las defensas han reprochado que actúen con un exceso de celo del que huyó el propio organismo regulador en la época de los hechos.
Desde que el pasado lunes la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inauguró esta esperada fase del juicio, no ha faltado el cruce de críticas entre los estrados y las muestras de desacuerdo de un prácticamente despoblado banquillo desde el que los acusados negaban los supuestos "errores contables" que les atribuyen los expertos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Noguera.
Entre los más contundentes a la hora de manifestar su postura se encuentra el abogado de BFA Alberto Gómez Fraga, que afeó a ambos su "obsesión" por tratar de convencer al tribunal de que el proceso de integración de las siete cajas del grupo, realizado en 2010, se saltó la normativa.
Lamento que, como ya insinuaron algunos de los peritos de las defensas en los días previos, dirigió directamente a Sánchez Nogueras por su pasado como director de área en Cajasol, entidad que a finales de ese mismo año pasó a formar parte de Banca Cívica en una operación de fusión fría idéntica a la de BFA-Bankia.
Después de casi veinte horas de interrogatorio, este contraataque mostró a un experto de la Fiscalía dubitativo, sin respuesta durante algunos instantes, los que tardaron en salir aspectos más técnicos que volvió a refutar con la misma rotundidad a la que ha acostumbrado a la sala.
Sánchez Nogueras, que ahora contempla el tema desde la empresa privada, continúa manteniendo que las cuentas del grupo financiero, desde su creación a la reformulación de 2012, no reflejaban la imagen fiel de una entidad con problemas de viabilidad.
También el todavía inspector Busquets, algo más comedido que en una de sus primeras intervenciones, dejó entrever que, más allá de cualquier examen, el Banco de España siempre actuó en beneficio del sistema financiero.
Con todo, en su relato, lo que eran "millones de notas, papelitos, barruntos o sentimientos" a ojos de la excúpula del regulador es, para dos de sus funcionarios, una prueba inequívoca de cómo la mala gestión en la Bankia de Rodrigo Rato habría culminado con un engaño a los accionistas de la salida a Bolsa.
Los dos peritos conceden una total validez a las advertencias de inspectores como José Antonio Delgado y José Antonio Casaus, autor de los polémicos correos sobre la situación del banco, finalmente desatendidos por sus superiores.
Esta misma semana, el tribunal, a instancias de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular, incorporaba al procedimiento nuevos documentos, como la nota que elaboró el grupo de inspección en BFA después de la reunión con Rato del 7 de marzo de 2012.
"El principal mensaje transmitido por nuestra parte es que no le veíamos futuro al grupo BFA tal y como está configurado: que BFA claramente no era viable y que Bankia tenía una situación difícil", indica el escrito consultado por Efe, en el que se recoge que el entonces presidente de la entidad "se mostró de acuerdo en la viabilidad de BFA".
Semanas más tarde, el 22 de marzo, Casaus compartía con su equipo "algunas líneas" de su encuentro con el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, el cual señaló el riesgo de crédito de Bancaja y su entramado de sociedades inmobiliarias como "principal problema" del grupo, y mostró su preocupación por la auditoría interna, que era "mejorable" y no daba "tranquilidad alguna".
Aspectos a los que aludió Delgado en su testifical del pasado abril, cuando cargó contra la presencia del que fuera presidente de Bancaja, José Luis Olivas, como responsable de dicho departamento.
"Era peligroso que la policía interna dependiera de Olivas", sentenció el inspector, que incidió en que gran parte de los inconvenientes provenían de la entidad valenciana.
Y es que si el juicio de las tarjetas "black" fue el gran caso de Caja Madrid, el del salto al parqué de Bankia va acentuando las dudas sobre la administración de Bancaja, la cual, insisten los peritos judiciales, conocía los deterioros de su principal participada, Banco de Valencia, y se habría saltado la normativa contable para cumplir con los requisitos de solvencia en 2010.
A falta de que los expertos de las defensas expongan y ratifiquen sus conclusiones ante el tribunal, fuentes jurídicas no descartan que la fiscal Carmen Launa modifique su escrito provisional y acuse también por un presunto delito de falsedad contable, una puerta que dejó abierta en el trámite de cuestiones previas.
De momento, pide entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel para los antiguos gestores de BFA-Bankia (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por supuesta estafa a inversores.
Si finalmente atisba que pudieron maquillarse las cuentas, actuaría en sintonía con las acusaciones populares y particulares, que reclaman hasta doce años de prisión para una treintena de exdirectivos y el socio auditor, y multas millonarias para el grupo financiero y la firma Deloitte.
