VALÈNCIA. El caso Erial, por el que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana está imputado por blanqueo de capitales, ha terminado no solo por ser un caso donde el siempre tildado de intocable terminó por caer, sino un procedimiento donde todo lo incautado hasta la fecha está revirtiendo en el erario y en la lucha contra la corrupción
Así, los 6.734.026 euros transferidos por el presunto testaferro Fernando Belhot desde Suiza, que Zaplana aseguró que no eran de su propiedad y que, por lo tanto, no se oponía a la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de que se ingresasen en la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos (ORGA) dependiente de los Juzgados, generan unos 30.000 euros anuales que revierten en la Hacienda española.
Y a esos 30.000 euros hay que sumar los vehículos de alta gama requisados que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la misma que le detuvo, utiliza para dar caza a otros presuntos corruptos. Se trata de un Audi Q7 y un Audi Q3, propiedad de Eduardo Zaplana y su esposa, Rosa Barceló, que fueron requisados por la jueza 'Caso Erial', Isabel Rodríguez.
Por tanto, y mientras la Justicia no diga lo contrario, tanto Hacienda como los policías que luchan contra la corrupción tienen dinero y coches para seguir en la brecha. Es más, como Zaplana ha negado que esos 6,7 millones de euros sean suyos, cuando termine el procedimiento no solo habrán entrado en las arcas públicas los intereses, sino que los más de seis millones pasarán a formar parte del dinero de Hacienda.
Zaplana pasó ocho meses en prisión tras ser detenido el 22 de mayo de 2018 como presunto cabecilla de una trama que, supuestamente, cobró cerca de 11 millones de euros en dinero B de varios contratos con la administración mientras él estuvo al frente de la Generalitat (1995-2002).
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrearon el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.
Por otro lado, febrero se espera como un mes más que interesante, ya que está previsto que en un principio se levante la última parte del secreto de sumario. En ese parte secreta, además de todo lo relacionado con el trasiego europeo del presunto dinero ‘B’ del expresidente, están las famosas agendas de Zaplana. ¿Quién aparecerá como contacto habitual? Tanto en el Partido Popular como en el PSOE hay quien no duerme demasiado bien por lo que pueda aparecer en las agendas.
Tal y como informó Valencia Plaza, las declaraciones pendientes se realizarán cuando se levante ese secreto. Entre las declaraciones que fueron aplazadas se encuentran las de la exdiputada Elvira Suanzes; la secretaria personal de Zaplana Mitsouko Henríquez; su mujer, Rosa Barceló, y su hija María Zaplana.
También están pendientes, entre otras, las del también expresident José Luis Olivas y del exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía Juan Cotino.
