VALÈNCIA. Pendientes aún de la configuración definitiva del nuevo equipo de Gobierno y de la aprobación de los Presupuestos Generales de Estado, es pronto para anticipar con rigor los cambios que acarrearán para los emprendedores la nueva legislatura. No obstante, algunas claves pueden extraerse del debate y el discurso de investidura, de los primeros nombramientos del ya presidente Pedro Sánchez y del documento suscrito previamente con la coalición de Unidas Podemos.
Que el nuevo ejecutivo tiene intención de, ahora sí, tomarse en serio la acción climática, lo pone de manifiesto el hecho de haber elevado el asunto a rango de ministerio. Teresa Ribera será quien ocupe la recién creada Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico. De la vicepresidencia de Pablo Iglesias dependerán otras dos áreas: Derechos Sociales y la Agenda 2030, entre la que se incluye, entre otros, la acción por el clima. Tendrán pues que trabajar de forma coordinada si quieren evitar el riesgo de dilución de las iniciativas que adopten. Por otro lado, el documento de ‘Coalición Progresista’ firmado el pasado 31 de diciembre por los nuevos socios del Gobierno recoge en el tercer punto, de los once que contiene, algunas de las medidas a tomar en la lucha contra la emergencia climática.
Además de la aprobación de una ley específica para el cambio climático, el programa contempla en este ámbito otros apartados a tener en cuenta por los emprendedores como son: la transición energética hasta alcanzar, en 2050, el objetivo de una generación de electricidad con origen 100% renovable; una estrategia que impulse la economía circular; el fomento del autoconsumo; un plan de movilidad sostenible; medidas para la sostenibilidad en los sectores agroalimentario, forestal y del medio rural; ampliación de los espacios protegidos por la biodiversidad; actualización de la Ley de Costas y protección de los océanos y una ley de bienestar animal. Cualquier emprendimiento cuya solución apunte a alguno de estos parámetros, será bien recibida.
La de la España Vaciada es la otra área de competencia de Ribera. Ya desde Enisa se anunciaba el año pasado, con el nombramiento de José Bayón López como nuevo Consejero Delegado, que una de las prioridades del ejecutivo socialista iba a ser acabar con las desigualdades en materia de emprendimiento. Ello atañe tanto a la brecha de género como a la transición energética hacia una economía sin carbono o acabar con la diferencia entre las ciudades y el interior. “No es solo digitalizar el mundo agro”, decía. “La despoblación de determinadas zonas supone un problema social. Por un lado, hay pueblos que agonizan y en los que mantener los servicios resulta difícil. Por otro lado, te encuentras con una presión demográfica excesiva en las ciudades, que tampoco es bueno porque tiene consecuencias como el encarecimiento de la vida frente a unos sueldos que tampoco crecen tanto. Este desequilibrio, al final, supone un problema económico para todo el país. Creemos que hay que afrontar este reto y convertirlo en oportunidad de negocio”.
En línea con las declaraciones de Bayón, el documento de la Coalición propone, entre otras, la puesta en marcha de medidas transversales y de apoyo a “proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo en los municipios rurales en riesgo demográfico”. Otra propuesta que recoge el mismo epígrafe contempla la creación de lo que llaman oficinas de despoblación en “al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente”. La misión de éstas sería atraer el emprendimiento a la zona facilitando la implantación de empresas así como impulsar la creación de “espacios de innovación rural”. Un anuncio que ha sido muy bien acogido en localidades como Soria, donde ya reivindican su propia oficina.
Como actividades específicas de emprendimiento susceptibles de recibir apoyo público, el programa recoge una promesa de fomento e inversión en I+D en áreas que entienden como prioritarias. A saber: “la economía azul, la medicina personalizada y la Inteligencia Artificial”. Se habla también de la elaboración de un plan nacional de ciberseguridad. En lo que respecta a las tecnología, se alude de forma directa al blockchain y al Internet de las Cosas.
“Se adoptará una ley específica de apoyo al ecosistema de empresas de nueva creación de base tecnológica -startups”. A esto se reduce en el documento programático la referencia a la tan esperada ‘Ley de startups’. Además de no aportar detalles, la medida se anuncia como punto y seguido de un párrafo que encabezan las pymes: “Habilitaremos distintos instrumentos de apoyo financiero y técnico a la innovación de las PYMES…”
El colectivo de startups no se ha pronunciado aún. En cualquier caso, el ejecutivo sabe lo que los emprendedores quieren. Para ello se lanzó el año pasado una consulta a las startups que dio como resultado la remisión de un documento de más de 30 páginas en el que se recogen las reivindicaciones fundamentales del marco normativo y fiscal que requieren en función de su naturaleza específica. Falta ahora saber si las 30 páginas se materializan o se convierten en papel mojado. Habrá que esperar.