Felipe Espinosa. Foto: LindkedInVALÈNCIA. Felipe Espinosa, exgerente de la empresa pública Vaersa durante la época de Francisco Camps al frente de la Generalitat, ha vuelto a aceptar una pena por su nefasta gestión del ente público, según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes relacionadas con el caso. Espinosa ha aceptado una condena de dos años de prisión y una multa de 25.000 euros por apropiación indebida, ya que utilizó la tarjeta de empresa de Vaersa para el pago de gastos personales, entre otros, en restaurantes, trajes, viajes o el veterinario. De hecho, ha tenido suerte, pues los gastos de los años anteriores al 2011 están prescritos y, por tanto, no han entrado en la pena y la multa impuestas.
Con ésta, ya son tres las condenas al exdirectivo relacionadas con su gestión en Vaersa, con una cuarta pieza en instrucción relacionada con la supuesta contratación a dedo de un letrado que facturó cerca de dos millones de euros a la empresa pública. Felipe Espinosa también es uno de los imputados en el caso que investiga el presunto fraude en los contratos durante la visita del Papa. Además, tiene una cuarta condena no relacionada con su gestión pública sino privada: como publicó en exclusiva este periódico, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel, al pago de una multa de 6.000 euros y a abonar una indemnización como responsabilidad civil de 328.266 euros a la empresa castellonense San Alf Químicas, como autor de los delitos de apropiación indebida y delito societario, por lo mismo que ha sido condenado ahora, por utilizar el dinero de la empresa para sus gastos personales.
Esta segunda condena a prisión implica que deberá ingresar en la cárcel, ya que la sentencia de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional no fue recurrida ante el Tribunal Supremo y, por tanto, es firme.
Felipe espinosa no era un hombre de gustos sencillos cuando se encontraba al frente de Vaersa. La tarjeta de la empresa echaba humo. De hecho, le daba para pagar, por ejemplo, una cuenta de 301,75 euros en la cervecería Kayuko, otra de 262 en el restaurante Oleo, 104 en Vuelve Carolina, 278 en el restaurante el Coto, 287 en La fragata, 199 euros en el asador Donostiarra, 176 en la vaca Argentina o para gastarse más de 500 euros en Leroy Merlín.
Las extracciones en efectivo en cajeros eran otro de los gustos habituales de espinosa, pues en un año sacó más de 3.500 euros en extracciones de 500 euros cada una. Dinero en efectivo del que no consta justificación alguna en la empresa. Entre los gastos del año 2011 también aparecen cuatro billetes de avión de Ryanair por 200 euros; 796 euros en billetes de Iberia; gastos en hoteles, uno de ellos en Altamira, e incluso cargos para pagar el veterinario de sus mascotas.
De hecho, algunos de los gastos más llamativos son los realizados en restaurantes como el de Alfinach, situado al lado de la casa donde vivía en aquella época, pagados en fin de semana, cuando se suponía que no estaba trabajando. Las cuentas pagadas a este restaurante superan los 1.000 euros en un año, ya que de normal gastaba entre 75 y 100 euros cada vez que iba.
Esta no es la primera vez que Espinosa se las tiene que ver con la Justicia. Dentro del conocido como caso Vaersa, el exdirector de la empresa aceptó 18 años de inhabilitación en el juicio celebrado en julio de 2016 por dos piezas separadas del caso tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat.
Por la primera de las piezas aceptó ocho años de inhabilitación por la compra irregular de 67 vehículos vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público. Según consta en la sentencia, Espinosa autorizó la compra de los coches a sabiendas de que estaba actuando al margen de la legalidad, tanto en la forma en que se hizo la contratación, sin iniciar el correspondiente expediente administrativo y someterlo a los principios de publicidad, transparencia y confidencialidad, como en el fraccionamiento final de los contratos para eludir el control de otros departamentos de la sociedad.
La segunda condena, de diez años de inhabilitación, vino derivada de las productividades de la empresa Vaersa. En ese caso, la condena vino por autorizar el pago del complemento de más de 1,8 millones de euros a varios trabajadores de la empresa pública entre los años 2007 y 2001, años en los que fue director, sin el visto bueno del Consell.
En el ejercicio 2007, el entonces director general adoptó la decisión de repartir con cargo a los fondos públicos de la entidad 367.000 euros entre diferentes empleados. De la misma forma actuó en 2008, repartiendo 416.000 euros; en 2009 con 478.000 y el año siguiente con 502.000.
