VALÈNCIA. El rosario de declaraciones que la magistrada que investiga el 'pufo' de la visita del Papa a València en el año 2006 ordenó entre enero y febrero de 2019, vino determinado por un escrito presentado por el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco. En el escrito, al que tenido acceso Valencia Plaza, el representante del Ministerio Público explica cuáles son los principales indicios que le han llevado a sospechar que se pudieron cometer delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración.
Tal y como explica Carrasco, a través de los informes de la Unidad De Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF), y de la Intervención General de Estado, se llegó a la conclusión de que "se detectaron irregularidades en las contrataciones realizadas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias con hasta once empresas diferentes para la organización del evento", y añade que también queda en entredicho "la gestión de los fondos dotacionales durante el período de vida de la fundación".
Dice el fiscal que los informes aseveran que hubo un "incumplimiento reiterado de la legalidad en materia de contratación, no solo por la vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, sino por haberse rebasado desde el principio de la actividad de la fundación su capacidad presupuestaria, incurriendo en compromisos de gasto muy por encima de sus posibilidades, sin haber elaborado plan alguno de viabilidad, y con absoluta vulneración de la normativa reguladora".
Pero es que, además, según el fiscal se detectó la "existencia de graves irregularidades en la custodia de los documentos y en la contabilidad", algo que llevó a que esa situación se prolongara en el tiempo de forma "anómala", de hasta siete años desde la fecha del cumplimiento de la finalidad para la que se constituyó hasta su disolución, "que se produce tras haberse seguido un proceso de disolución igualmente plagado de irregularidades", según el informe del interventor.
Entre las solicitudes que realizó el fiscal a la magistrada se encuentran las declaraciones del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps; la secretaria general del V Encuentro y mano derecha de Camps en el tema papal, Henar Molinero; el expresidente de Les Corts y exvicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino, que tiene pendiente otro juicio vinculado a esta visita en el que se enfrenta a 11 años de cárcel; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el secretario del Arzobispado y miembro del patronato de la fundación, Antonio Corbí, e incluso el obispo auxiliar de València, Esteban Escudero.
A las declaraciones, Carrasco añade la necesidad de que se le requiera al director de la empresa pública valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), "cuanta documentación se conserve en la empresa en relación con los trabajos encomendados a la misma por la Fundación V Encuentro en 2006, correspondientes a las obras de construcción de obra civil, suministro de materiales y otras actuaciones complementarias y auxiliares relativas a los costes del proyecto 40/1960 y, en concreto, la contabilidad analítica de la empresa relacionada con ese proyecto". El motivo es tratar de encontrar las partidas contables que soportaron dichos costes, así como la facturación de los mismos y una explicación por escrito del proyecto.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell