El futuro Ministerio de Consumo nacerá de la suma de dos direcciones generales: Consumo y Juego

CASTELLÓ. (EP) La estructura de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos prevé incluir un Ministerio de Consumo, de nueva creación, que previsiblemente asumirá el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, y que sería el resultado de elevar a la máxima categoría ministerial dos direcciones generales actuales: la de Consumo y la del Juego. Sería la primera vez que España cuente con un Ministerio de Consumo.

Así, el departamento que conducirá el líder de IU tendría competencias de Consumo, hasta ahora dependientes del Ministerio de Sanidad, y sobre asuntos relacionados con el juego y las casas de apuestas, una cuestión que Unidas Podemos considera clave y que hasta ahora dependía del Ministerio de Hacienda, en forma de Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

La Dirección General de Ordenación del Juego es, en la actualidad, un órgano del Ministerio de Hacienda que, bajo la dependencia de la Secretaria de Estado de Hacienda, ejerce las funciones de regulación, autorización, supervisión, control y, en su caso, sanción de las actividades de juego de ámbito estatal, también 'online'.

De esta forma, de la Dirección General de Ordenación del Juego dependen a su vez la Subdirección General de Regulación del Juego, la Subdirección General de Inspección del Juego y la Subdirección General de Gestión y Relaciones Institucionales.

Entre sus funciones actuales este órgano se encarga de autorizar las actividades ocasionales de juego de ámbito estatal, así como de cualquier aspecto de las modalidades y tipos de juego sujetos a título habilitante que requiera de una autorización específica; y de la propuesta y el análisis del impacto de la normativa relativa a la actividad de juego de ámbito estatal.

Asimismo, la DGOJ tiene encomendadas tareas de la inspección de las actividades de juego de ámbito estatal y de los sistemas técnicos utilizados en las mismas; la propuesta de iniciación de expedientes sancionadores derivados de dicha inspección; y la tramitación de los procedimientos de solicitud de títulos habilitantes para el ejercicio de actividades de juego de ámbito estatal.

Otra de sus funciones es la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de juego en relación con los puntos de venta de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que está adscrita al Ministerio de Hacienda. Corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado la gestión exclusiva de los juegos de titularidad estatal.

La gestión y liquidación de las tasas derivadas de la gestión administrativa del juego y la gestión económico-financiera de las garantías vinculadas a las licencias generales de juego; y la persecución del juego ilegal no autorizado también es competencia de esta Dirección General.

En el año 1977 se despenalizaron en España los juegos de suerte, envite o azar y apuestas. De este modo, además de los juegos que ya estaban permitidos (Lotería Nacional, las Apuestas mutuas deportivo-benéficas --la Quiniela-- y los sorteos de la ONCE), se autorizaron los casinos, las salas de bingo, las máquinas recreativas, etc.

Desde 1978, las comunidades autónomas, de conformidad con las competencias asumidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, han regulado los juegos que se realizaban en su territorio (máquinas recreativas, bingos, casinos, rifas), mientras que el Estado continuó su labor regulatoria en el ámbito nacional (loterías, apuestas deportivas y los sorteos de la ONCE).

Con la Ley 13/2011, de Regulación del Juego, se regula por primera vez en España el juego 'online', y cuyo ámbito territorial es el del territorio nacional. En dicha Ley también se regulan los juegos de lotería de ámbito estatal, cuya gestión se reserva exclusivamente a dos operadores de carácter público, SELAE y la ONCE.

Productos alimenticios y no alimenticios

Por su parte, la actual Dirección General de Consumo es un órgano dependiente de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Cuenta a su vez con dos subdirecciones: la Subdirección General de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo y la Subdirección General de Arbitraje y Derechos del Consumidor.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Consumo tiene integrado el Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC), un conjunto de laboratorios o unidades analíticas donde se analizan los distintos productos de consumo presentes en el mercado español, tanto alimenticios como no alimenticios o industriales.

Como define en su web el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Consumo es el órgano al que corresponde la propuesta de regulación, en el ámbito de las competencias estatales, que incidan en la protección y la promoción de los derechos de los consumidores y usuarios.

También se ocupa del establecimiento e impulso de procedimientos eficaces para la protección de los mismos; de la cooperación institucional interterritorial en la materia; del fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios y del apoyo al Consejo de Consumidores y Usuarios.

Este órgano de representación y consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios tiene una implantación estatal y ostenta la representación institucional de las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración General del Estado. Está integrado por nueve asociaciones de ámbito supraautonómico y, en 2019, se designó en la presidencia a Carlos Lasarte.

A la Dirección General de Consumo también le corresponde proporcionar información, formación y educación sobre los derechos que asisten a los consumidores a los ciudadanos, a administraciones públicas y a agentes sociales implicados.

También se ocupa de la ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo --que ayuda a los ciudadanos a resolver las controversias que surjan en materia de consumo--, así como de la gestión y mantenimiento de la Red de Alerta de productos de consumo no alimenticios.

La Dirección se encarga además de la realización de análisis, pruebas y ensayos sobre la calidad y seguridad de los bienes y servicios de uso común, así como, la formación y el asesoramiento de personal técnico; y prepara acciones judiciales en defensa de los intereses de los consumidores, de conformidad con la legislación vigente.

Asimismo, elabora propuestas de ordenación y normativas en materia de bienes y servicios que faciliten y mejoren la protección de los consumidores, y realiza estudios y/o encuestas en relación con el consumo, entre otros aspectos.

La fusión del INC en la AECOSAN

La Secretaría General de Sanidad y Consumo tiene una serie de organismos autónomos adscritos a la misma, entre los que figuran la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), que trabaja para reforzar la seguridad alimentaria. Este organismo es fruto de la fusión, realizada en 2014, entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) y el Instituto Nacional de Consumo (INC), y previsiblemente formará parte del nuevo ministerio.

En los últimos años, se han aprobado varios proyectos relativos en la materia como la aprobación del nuevo marco legal de los viajes combinados para aumentar la protección a los usuarios (2018), articulada en torno a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o la ley de Resolución Alternativa de Litigios en materia de Consumo (2017), entre otros.