El gasto público podría crecer 11 puntos este año, hasta el 52% del PIB, por la pandemia, según BBVA

VALÈNCIA. (EP) El gasto público en España puede crecer entre 10 y 11 puntos porcentuales del PIB en 2020 hasta alcanzar más del 52% del PIB, por la situación económica derivada de la covid-19, de acuerdo a las previsiones de BBVA Research.

El servicio de estudios de la entidad ve este incremento "justificable" por la atípica situación que atraviesa la economía española por la covid-19 y señala que aunque el siguiente año debería caer, parece que la crisis ha empujado hacia niveles de gasto que "se mantendrán estructuralmente elevados, lo que exigirá demostrar que se está haciendo el mejor de los usos de los recursos públicos".

En este sentido, señala que importancia relativa del gasto público a la actividad se incrementará debido a la fuerte contracción del PIB que se observará en 2020, de forma que poco menos de la mitad de los 10 puntos porcentuales de aumento previstos se explica por este factor.

Los recortes habrían contraído aún más la actividad

Según BBVA Research, mantener el peso del gasto en el PIB "habría requerido recortes que hubiesen redundado en contracciones más severas de la actividad".

Asimismo, señala que el consumo y la inversión de las administraciones públicas tiene un "carácter estabilizador", por lo que el cumplimiento del Gobierno de sus compromisos adquiridos, el mantenimiento del empleo en el sector, el pago de las transferencias a distintos colectivos y la ejecución de los proyectos de gasto que tenía planeados genera "certidumbre" en la parte de la economía que depende de este gasto.

A su vez, explica que los estabilizadores automáticos ayudan también a sostener el consumo de las familias. Particularmente, destaca que el seguro por desempleo supone una parte importante de la red que se ha construido para sostener la renta de los hogares mientras dure su búsqueda de trabajo.

Sólo el incremento en el desempleo sería responsable de al menos 1 o 2 puntos porcentuales del PIB en el gasto público, mientras que algunas medidas discrecionales, como la transferencia de 17.000 millones de euros realizada a las comunidades autónomas para abordar los retos sanitarios o la ampliación de algunas de las prestaciones hacia colectivos vulnerables o los ERTE podrían explicar entre 3 y 4 puntos porcentuales del aumento en el gasto.

Hacia delante, en ausencia de un nuevo período de confinamiento generalizado, la recuperación debería posibilitar que la importancia del gasto público en el PIB se redujera, señala el estudio.

En concreto, si el crecimiento del PIB ronda el 7% el siguiente año, sólo este factor redundaría en una caída de 4 puntos porcentuales en el gasto público.

Por otra parte, considera que el coste de los ERTE debería reducirse, en la medida en que el porcentaje de trabajadores incluidos en ellos ya está disminuyendo de forma considerable y los mismos incentivos han sido modificados para impulsar la actividad.

El gasto será elevado en los próximos años

Sin embargo, varios factores apuntan a que el gasto continuará siendo elevado durante los próximos años, como el ajuste más prolongado en sectores clave para la economía española como el turismo, que "requerirá la continuación de una política fiscal expansiva, la necesidad de mantener la inversión pública en salud, o los cambios estructurales que la demografía traerá a las cuentas públicas".

En este contexto, subraya que el principal reto durante los próximos meses será el de aprobar unos presupuestos, y anunciar un plan que dé certidumbre sobre el proceso de reducción del déficit a medio plazo.

Aquí, la discusión sobre hacia dónde tiene que converger el gasto público será "esencial", apunta BBVA Research, concretando en que habrá que demostrar a la sociedad que se está haciendo el mejor uso de los recursos, lo que implicará consolidar la cultura de evaluación del gasto que se ha ido afianzando.

También cree que habrá que continuar avanzando en la construcción de "instituciones fuertes e independientes que garanticen el cumplimiento de las reglas establecidas, o que, cuando menos, expliquen a la sociedad los costes económicos de las decisiones políticas".

"Esto será particularmente importante cuando España se enfrente al reto de canalizar los recursos que puedan venir del fondo de recuperación europeo y que serán fundamentales para potenciar el cambio hacia un modelo productivo más digital y sostenible", enfatiza.