VALÈNCIA (VP/EP). El juez que investiga a Francisco Puig, hermano del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por un supuesto fraude en subvenciones ha acordado declarar la complejidad de la causa, tal y como solicitaba la Fiscalía Provincial de Valencia.
El ministerio público ha realizado esta petición esta misma mañana al Juzgado de Instrucción número 4 de València con el objeto de que la instrucción de este procedimiento pueda prorrogarse durante 18 meses --frente a los seis de un asunto ordinario--, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso. Así mismo, se ha requerido una prestación de fianza a la acusación popular, el PP.
Esta causa parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a las mercantiles que, según los 'populares', han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 para ayudas al fomento del valenciano "sin ningún tipo de control".
El juez, tras revisar diversa documentación, ha acordado citar a declarar, en calidad de investigados, a Francisco Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions y hermano del 'president' de la Generalitat, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.
En la querella, firmada por la diputada 'popular' Eva Ortiz, se solicitaba el inicio de una investigación penal para analizar la documentación que acreditara la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que "no se cumplían los requisitos exigidos". También se pedía investigar "las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones".
Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs (Castellón) --ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella-- pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial. Posteriormente, se presentó en València y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó que debía quedarse la causa en València
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
