Carlos Fabra y Sergio García, en una imagen de archivo. Foto: EFEVALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, en el cual se encuentra en funciones de sustitución Jacobo Pin, ha reabierto la investigación sobre el campo de golf que Carlos Fabra cedió al deportista Sergio García en 2013, actuación por la cual ya fue imputado. La decisión del magistrado se produce, tal como ha publicado este medio, después de que la Fiscalía haya pedido retomarla a raíz de la reciente causa en la que se encuentra inmerso el expresidente de la Diputación de Castellón.
En ella se indaga en lo que el juez considera sospechosas operaciones económicas con las cuales el que fuera dirigente del PP habría ocultado patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia del caso Naranjax en la que fue condenado por cuatro delitos fiscales. Motivo por el que, como informó este periódico, cita a declarar como imputados a más de una veintena de empresarios y particulares que ordenaron o participaron en transferencias de fondos a cuentas bancarias del expolítico, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011, 2012 y 2013.
Ahora, esta instrucción tiene sus derivadas y ha provocado de la reapertura de otra que fue archivada provisionalmente en 2017. La operación que en ella se investigaba era la relativa a la cesión del club de golf La Coma -gestionado por Golf Mediterráneo, entonces presidida por el Fabra-, a la mercantil Golf Borriol -de la familia de Sergio García- a cambio de que asumiera la deuda de cuatro millones de euros que la sociedad había adquirido con Bancaja por un préstamo.
El acuerdo alcanzado por el consejo de administración que permitió el traspaso provocó que dos socios liquidadores de Golf Mediterráneo interpusieran una denuncia por posibles delitos societarios contra nueve miembros del consejo (entre ellos Fabra) y la sociedad Golf Borriol.
En su opinión, el acuerdo fue adoptado por "mayorías ficticias" y era lesivo para sus intereses porque supusieron que la mercantil de la familia del deportista se apropiara de unos terrenos por tan solo 425.000 euros cuando estaban valorados en 9,6 millones de euros.
La investigación iniciada en 2016 acabó sobreseída un año después porque no se pudo probar la comisión de los delitos denunciados, que se tomaran decisiones abusivas o perjudiciales para Golf del Mediterráneo ni que los acuerdos del consejo se adoptaran por medios o procedimientos ilícitos mediante mayorías ficticias.
El pasado noviembre, sin embargo, se reactivó tras la petición de Fiscalía, según confirman desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tras las investigaciones llevadas a cabo por la Policía respecto al posible ocultamiento de patrimonio de Carlos Fabra. Entre las diligencias acordadas por el juzgado se encuentran el requerimiento a entidades bancarias sobre la identificación de titulares de varias cuentas y el origen y destino de transferencias de dinero.
Algunos movimientos los menciona el propio juez en su último auto. De un lado, hace alusión a un cheque de 100.000 euros que en 2009 pagó Victoriano García, padre del golfista Sergio García, al expresidente de la diputación de Castellón y que según el primero era por un préstamo que le concedió.
De otro, aparecen 30.000 euros abonados por Golf Borriol al hijo de Fabra en 2013, el año en el que le fue cedido el campo de golf. Según la entidad, se pretendía saldar una deuda.
Por último, existe otro pago de Golf Borriol al exdirigente del PP que, de acuerdo con la entidad de la familia del deportista, correspondía a parte del precio de las 24 acciones de la mercantil Pozo Romeral -administrada por Victoriano García-.
